La Unión de Trabajadores y Trabajadoras en Andalucía (USTEA), a través de sus servicios jurídicos, ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la Orden de 3 de julio de 2026 de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. La organización sindical exige la nulidad de esta resolución administrativa al constatar un trato de favor injustificado que blinda unidades en centros privados concertados sin demanda real mientras impone recortes a la red de colegios e institutos públicos en las mismas áreas de escolarización.

El escrito de impugnación se centra en la manera arbitraria, desigual y falta de motivación en la que la Administración autonómica está ejerciendo sus competencias de planificación de la oferta educativa.

A partir de los datos recabados desde el sindicato, USTEA ha detectado un patrón de actuación sistemático. Por un lado, se autorizan y renuevan unidades en colegios privados concertados que presentan una demanda insuficiente o nula, ofertando aulas completas con todos sus puestos vacantes. Por otro lado, en la misma zona de escolarización y ante cifras de demanda similares o superiores, la Consejería deniega la apertura de nuevas líneas en centros públicos, suprime unidades o impone agrupamientos de alumnado en aulas mixtas. La Administración invoca la falta de necesidades de escolarización para recortar en la escuela pública, pero ignora ese mismo parámetro al evaluar las unidades de la red privada concertada.

En el aspecto legal, el recurso argumenta que la actuación de la Consejería vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, al aplicar criterios contrapuestos a situaciones objetivamente idénticas entre centros públicos y concertados dentro de una misma área de influencia. Desde USTEA se advierte que la potestad de planificación se ha alejado de su fin legal (atender las necesidades reales de escolarización y optimizar los recursos públicos) para dirigirse al sostenimiento incondicionado de unidades privadas.

Por todo ello, USTEA solicita en su escrito la anulación de la planificación aprobada y la retroacción del procedimiento para dictar una nueva resolución basada en criterios únicos, transparentes e iguales para ambas redes, exigiendo además la revisión individualizada de los expedientes donde se hayan registrado tratos diferenciados injustificados.