USTEA, presente en la Mesa Sectorial del Ministerio de Educación a través de STEs-Intersindical, denuncia que el nuevo borrador ministerial renuncia a las mejoras previstas en las ratios de Primaria y Secundaria y deja en el aire la reducción de la jornada lectiva del profesorado. El sindicato valora las medidas propuestas para poner límites al negocio de la FP privada a distancia, pero exige una apuesta decidida por la educación pública, con más inversión, más profesorado y recursos suficientes para atender a la diversidad.
USTEA ha participado, a través de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs-Intersindical), en la Mesa Sectorial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, celebrada el pasado 20 de octubre. Durante la reunión, nuestra organización ha trasladado sus reivindicaciones y ha denunciado las contradicciones de una política educativa que anuncia mejoras para la enseñanza pública, pero que termina aplazándolas o rebajando sus compromisos.
Desde USTEA y STEs-Intersindical denunciamos que el nuevo borrador de modificación del Real Decreto 132/2010 supone un importante retroceso respecto a las propuestas iniciales. La reducción de las ratios a 22 estudiantes en Primaria y 25 en Educación Secundaria Obligatoria desaparece del texto, manteniéndose en esta última etapa el máximo general de 30 estudiantes por aula.
Asimismo, la desvinculación de esta reforma del proyecto de ley que contemplaba la reducción de ratios y la limitación de la jornada lectiva a 23 horas en Infantil y Primaria y 18 horas en Secundaria deja estas mejoras pendientes de una tramitación legislativa cuyo futuro resulta incierto.
Para USTEA, la bajada de ratios y la reducción de la jornada lectiva no pueden seguir siendo promesas que se anuncian y después se abandonan. Son medidas imprescindibles para mejorar la calidad de la enseñanza, garantizar una atención individualizada y recuperar derechos laborales del profesorado.
La educación inclusiva necesita recursos, no declaraciones de intenciones
El nuevo borrador introduce algunas medidas relacionadas con la dotación de recursos adicionales cuando se superen las ratios y con el cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales. Sin embargo, desde USTEA consideramos que resultan insuficientes para responder a la realidad de los centros educativos andaluces.
Reclamamos que se establezca un índice de vulnerabilidad que permita identificar aquellos centros y aulas con una elevada presencia de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). En concreto, defendemos que las aulas con más de un 20 % de alumnado NEAE sean consideradas de especial dificultad y cuenten con recursos personales adicionales.
La inclusión no puede depender del esfuerzo individual del profesorado ni sostenerse sobre plantillas insuficientes. Necesitamos más profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, orientación educativa y personal de apoyo, además de ratios verdaderamente adaptadas a las necesidades del alumnado.
En Andalucía, donde seguimos denunciando la supresión de unidades públicas, las ratios elevadas y la insuficiencia de recursos para atender a la diversidad, estas medidas resultan especialmente urgentes.
La FP no puede convertirse en un negocio de compraventa de títulos
Desde USTEA y STEs-Intersindical valoramos positivamente que el Ministerio plantee medidas para frenar la proliferación de centros privados de Formación Profesional a distancia que convierten la educación en una actividad lucrativa sin suficientes garantías de calidad.
El borrador contempla la exigencia de porcentajes de presencialidad de entre el 15 % y el 39 %, controles sobre las evaluaciones, requisitos mínimos de equipamiento tecnológico, revisiones periódicas del cumplimiento de las condiciones y la posibilidad de revocar autorizaciones.
También se plantea limitar progresivamente las ratios de la FP virtual hasta un máximo de 50 estudiantes por docente en el curso 2030-2031.
No obstante, consideramos que estas medidas llegan tarde y que sus plazos de aplicación deben acortarse. La expansión de la FP privada, especialmente en Andalucía, evidencia las consecuencias de haber permitido que la formación profesional se convierta en un mercado para empresas que encuentran en la educación una oportunidad de negocio.
No basta con regular la FP privada: hay que ampliar decididamente la oferta pública, crear plazas, dotar de profesorado y equipamientos a los centros y garantizar que ninguna persona se vea obligada a pagar por una formación que debería ofrecer el sistema público.
También exigimos impedir que la modalidad a distancia sirva como excusa para reducir la carga lectiva del alumnado y recortar puestos docentes, limitar la temporalidad del profesorado de FP y garantizar que la docencia sea impartida por profesionales con la titulación y cualificación adecuadas.
La climatización y la inversión educativa siguen siendo asignaturas pendientes
USTEA reclama que la normativa establezca claramente la responsabilidad de las administraciones educativas en la climatización de los centros, evitando que los conflictos competenciales entre ayuntamientos y consejerías sigan retrasando las actuaciones necesarias.
En Andalucía, donde la aplicación de la Ley de Bioclimatización continúa siendo claramente insuficiente, resulta inadmisible que miles de estudiantes y docentes sigan soportando temperaturas incompatibles con unas condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje.
Asimismo, denunciamos la falta de financiación suficiente para garantizar las mejoras que necesita la educación pública. No es posible reducir ratios, reforzar plantillas, mejorar infraestructuras y avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva sin incrementar de manera sostenida la inversión educativa.
Desde USTEA seguimos reclamando que Andalucía destine al menos el 7 % del PIB a la educación pública, priorizando los recursos para los centros de titularidad pública frente a las políticas de privatización y expansión de los conciertos educativos.
La educación pública necesita compromisos reales, no reformas de última hora
Resulta preocupante que medidas que llevan años siendo reclamadas por las organizaciones sindicales se aceleren ahora por las circunstancias políticas, mientras otras mejoras fundamentales desaparecen de los borradores.
La educación pública necesita planificación, estabilidad normativa y voluntad política. No puede depender de calendarios electorales ni de anuncios que finalmente no se traducen en derechos y recursos.
Desde USTEA, como parte de STEs-Intersindical, seguiremos defendiendo estas reivindicaciones en los espacios de negociación estatal y andaluza. Exigimos al Ministerio y a la Junta de Andalucía que asuman sus responsabilidades y adopten medidas concretas para reducir las ratios, recuperar derechos laborales, estabilizar las plantillas, mejorar la atención a la diversidad, garantizar unas infraestructuras dignas y frenar la privatización de la enseñanza.
En Andalucía, mientras se siguen suprimiendo aulas públicas y favoreciendo la expansión de la enseñanza privada y concertada, resulta más necesario que nunca defender un modelo educativo público, universal, inclusivo y de calidad.
Por eso, desde USTEA continuamos llamando a la comunidad educativa a organizarse y movilizarse, con la huelga educativa del próximo 11 de noviembre como una cita fundamental para exigir un cambio de rumbo en las políticas educativas.
Porque la educación es un derecho, no un negocio. Porque las mejoras no pueden seguir esperando.
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