Desde USTEA hemos registrado en las Delegaciones Territoriales de Educación de Andalucía una solicitud formal de información pública para conocer la realidad estadística de las incapacidades temporales en nuestros centros. No podemos permitir que la administración siga ignorando los riesgos que corremos en las aulas: nuestra salud es un derecho, no una cifra en un balance de gastos.

Vivimos en un sistema que pretende normalizar la precariedad y el deterioro de nuestras condiciones de vida. Para el profesorado andaluz, esto no es una teoría: es una realidad diaria marcada por una administración que ignora sistemáticamente los riesgos laborales. Por ello, USTEA ha dado un paso amparándose en las Ley de Transparencia para obligar a la administración a poner las cartas sobre la mesa.

Desde USTEA, nuestras delegadas y delegados de Prevención han solicitado, a través del Portal de Transparencia, los registros detallados de las bajas de los últimos cursos. Esta iniciativa busca identificar de manera rigurosa las patologías y causas de incapacidad temporal predominantes en el sector e identificar de qué y cómo enfermamos, para así poder analizar el impacto de la labor docente en la salud del profesorado. Esta solicitud pide datos con la diferenciación por cuerpo y puesto en el contexto educativo, zonas de transformación social…, y en la tipología de la baja, para distinguir de forma clara las contingencias profesionales que la administración invisibiliza.

El centro de nuestra acción es la salud mental. No se puede hablar de ‘bienestar docente’ mientras las ratios siguen disparadas, las plantillas son insuficientes y la burocracia nos asfixia. Los datos de los que disponemos confirman que la salud mental del profesorado ha empeorado drásticamente en los últimos años, y lo más grave es que gran parte de las razones son perfectamente evitables. La sobrecarga laboral, el exceso de burocracia y la falta de personal no solo merman la calidad educativa, sino que impactan de lleno en nuestra salud. El burnout y el estrés crónico no son fallos individuales, son consecuencias directas de una falta de inversión que la administración debe dejar de ignorar. Hay gestiones que enferman a los y las docentes.

Más allá de la obtención de datos nuestras exigencias respecto a la salud laboral son:

1. Prevención real: Dotación completa de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Infraestructuras dignas: Centros sin amianto, sin caracolas y que cumplan de una vez la Ley de Bioclimatización.
3. Vigilancia de la salud: Reconocimientos médicos periódicos y específicos para el personal docente.
4. Reducción de carga: Menos horas lectivas y menos burocracia para proteger nuestra integridad física y mental.

Frente al abandono de la Junta de Andalucía, USTEA responde con organización y transparencia. Seguiremos fiscalizando cada dato para forzar las mejoras que el sistema educativo y sus profesionales necesitan urgentemente.

¡Con nuestra salud no se juega!

¡Por una Escuela Pública segura y saludable!