Esta semana las aseguradoras privadas, ADESLAS, ASISA y DKV, pusieron de nuevo sobre la mesa su voluntad de no continuar el concierto de MUFACE. Estas empresas privadas quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, es la treta histórica que posibilita que el funcionariado del estado español reciba asistencia privada de forma gratuita. Desde 2011 se incorporó la posibilidad de que se escogiese la sanidad pública o privada al personal funcionario docente de nueva incorporación. En los últimos diez años ha aumentado un 66% el número de personas funcionarias que eligen el sistema Nacional de Salud, es decir, la sanidad pública.
Este inicio de curso, Adeslas, ASISA y DKV, el lobby de la sanidad privada en el estado español, presionaron al gobierno para que aumentase su inversión en los presupuestos para el concierto 2025-2026. Hasta este curso había sido de 2.682 millones de euros. De esta forma, estas aseguradoras privadas recibían una prima media de 1.032,12 euros por cada mutualista. De toda la financiación de MUFACE, tan solo el 20% salía de los mutualistas, mientras que el resto de esta asistencia médica privada corría a cuenta de los impuestos del resto de la ciudadanía española.
Estas tres aseguradoras privadas han declarado estos días que el modelo MUFACE está “infrafinanciado” y por esto no van a presentarse al concierto sanitario, ya que el gasto de prestaciones médicas que asumieron fue de un 10% superior a la prima recibida.
Los medios de comunicación se han hecho eco desde el inicio de las negociaciones de la complejidad que supondría para el Sistema Nacional de Salud absorber a los 1’5 millones de funcionarios/as que estaban inscritas a la sanidad privada.
Desde USTEA planteamos, en consonancia con las declaraciones de Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, en la Comisión Nacional de Sanidad celebrada el pasado mes de octubre, que “es totalmente incomprensible que los empleados públicos no sean atendidos en el sistema público de salud”. Además, se hace pertinente puntualizar que ante dolencias graves quien asume la atención y los costes de los tratamientos es la sanidad pública, ya que es quien tiene más herramientas y un mejor servicio para la ciudadanía. Bajo la premisa de la libertad de elección para el funcionariado, MUFACE se ha planteado como un privilegio. Sin embargo, es una herramienta que no solo desvía fondos públicos a empresas de salud privadas, sino que desprovee al funcionariado de la capacidad de asistir al sistema sanitario con mayor capacidad asistencial, el público.
En USTEA defendemos que el sistema de salud público del estado español necesita mayores infraestructuras, paralizar los recortes y mejorar las condiciones de trabajo de las y los profesionales sanitarios, aumentar los puestos de trabajo públicos para el correcto funcionamiento de los servicios que han sido privatizados como es el caso de la limpieza, al igual que pasa en los centros educativos y mejorar la dotación presupuestaria de los centros sanitarios. La educación y la sanidad no pueden seguir siendo un negocio sino un derecho público, una garantía que el estado debe garantizar a la ciudadanía.