La combinación entre adjudicaciones sobrevenidas a cientos de kilómetros y un mercado inmobiliario desbocado está convirtiendo la movilidad del personal docente interino en una trampa económica inasumible. Mientras la Junta de Andalucía mira hacia otro lado ante la proliferación de pisos turísticos y la falta de vivienda pública, desde USTEA exigimos soluciones urgentes de conciliación, actualización de las normativas de provisión de puestos y un plan real de estabilización del colectivo.

Cada inicio de curso o adjudicación a través del sistema SIPRI representa para miles de docentes interinos un momento de máxima incertidumbre personal y laboral. Obtener un destino a más de doscientos kilómetros del domicilio habitual no es solo un reto de logística o conciliación familiar, sino un auténtico laberinto financiero. Las y los profesionales de la educación pública andaluza se encuentran con la obligación de incorporarse a sus centros de destino en cuestión de días, teniendo que resolver de urgencia su alojamiento en municipios donde la oferta residencial es escasa y alcanza precios inalcanzables para un sueldo docente.

Los datos oficiales avalan que no estamos ante una queja infundada, sino ante un problema estructural grave en Andalucía. Según los últimos datos del sector inmobiliario publicados el precio del alquiler en la comunidad alcanza los 14,2 €/m² de media. A esta subida progresiva se suma la profunda distorsión del mercado habitacional andaluz, donde, tal como revelan los datos analizados por ElPlural, el número de viviendas de uso turístico (VUT) supera ampliamente al de vivienda pública protegida, sobrepasando las 91.000 plazas turísticas en toda la región. La inacción de la Junta de Andalucía ante las zonas tensionadas ahoga a las familias trabajadoras y castiga de lleno al profesorado desplazado.

Esta realidad implica que una parte sustancial del salario de un docente interino se destina íntegramente a cubrir el coste de un alquiler inflado o a asumir constantes desplazamientos en vehículo propio incluso una vez incorporados al puesto de trabajo. Lejos de garantizarse unas condiciones laborales dignas, esta situación somete a una fuerte sobrecarga económica y emocional a quienes sostienen día a día el sistema educativo público, viéndose forzados en muchas ocasiones a alquilar habitaciones en pisos compartidos o a aceptar arrendamientos precarios que expiran justo antes de la temporada estival.

Desde USTEA Enseñanza venimos denunciando con firmeza esta falta de responsabilidad institucional. Por ello, USTEA demanda a la Consejería un acuerdo para la conciliación y la mejora de las condiciones laborales del personal interino, haciendo indispensable la reforma de la Orden de 10 de junio de 2020 para que la conciliación y la flexibilidad sean una realidad tangible para la plantilla. Del mismo modo, consideramos inaplazable abordar la precariedad de raíz: como reclamamos de forma continuada, USTEA exige estabilización ya, la estabilización de personas y un nuevo modelo de acceso docente que garantice el derecho a trabajar sin verse sometido perpetuamente al desarraigo.

Garantizar una educación pública de calidad implica cuidar a las personas que la hacen posible. La Consejería de Educación y el Gobierno de la Junta de Andalucía no pueden continuar eludiendo su responsabilidad ni seguir contemplando el acceso a la vivienda como un mero negocio especulativo. Desde la responsabilidad sindical y la solvencia de nuestra trayectoria, en USTEA seguiremos dando la batalla para exigir medidas efectivas de protección al personal interino, regulación del mercado del alquiler y una estabilización real del profesorado andaluz.