Desde USTEA Enseñanza, y tras un exhaustivo análisis técnico y jurídico de los actuales sistemas de provisión de plazas, lanzamos una exigencia inapelable a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional: el sistema SIPRI debe evolucionar hacia un modelo que tenga en cuenta la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal docente interino. No podemos permitir que el sistema de llamamientos siga siendo una carrera de obstáculos que castiga especialmente al personal más vulnerable: el personal interino.

La urgencia de un cambio de paradigma: conciliación es justicia social.

El actual modelo de SIPRI, anclado en una rigidez administrativa impropia del siglo XXI, antepone una gestión fría de los datos a las realidades humanas del personal docente. Desde USTEA Enseñanza denunciamos que la obligación de participar por provincias completas supone, en la práctica, una condena a la movilidad permanente. Esta problemática no es neutra: afecta con especial virulencia a las mujeres y, muy particularmente, a las madres con menores a su cargo, sobre quienes la estructura social sigue descargando de forma mayoritaria la responsabilidad de los cuidados. En definitiva, un sistema que obliga al personal interino a desplazarse cientos de kilómetros de su hogar es un sistema que violenta los derechos de conciliación.

Para nuestro sindicato, el feminismo no es un eslogan, sino una práctica política que exige medidas concretas. Un sistema que obliga a una madre a desplazarse a cientos de kilómetros de su hogar es un sistema que violenta los derechos de conciliación y profundiza la brecha de género en la función pública docente.

El coste de la precariedad: vivienda y sostenibilidad.

La falta de precisión en la elección de destinos (actualmente limitada a provincias) genera un impacto económico inasumible. En un contexto de crisis habitacional, especialmente grave en nuestras zonas de costa y capitales andaluzas, obligar al personal interino a alquilar una segunda vivienda por sustituciones de corta duración es un ejercicio de maltrato institucional.

Exigimos un sistema de sustituciones diferente. Solo así garantizaremos:

• Ahorro económico: reducción drástica del gasto en combustible y alquileres dobles.
• Sostenibilidad ambiental: menos desplazamientos innecesarios por la geografía andaluza.
• Salud mental: reducción del estrés derivado de la incertidumbre y el desplazamiento kilométrico diario.

Andalucía no puede quedarse atrás.

Mientras comunidades como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o la Región de Murcia, entre otras, ya han implementado sistemas de llamamiento que permiten una mayor granularidad en la elección (centros, municipios o comarcas), Andalucía sigue anclada en la inacción.

Por todo ello, desde USTEA instamos a la Administración a la modificación inmediata de la Orden de 10 de junio de 2020 por la que se regulan los procedimientos de provisión, con carácter provisional, de puestos de trabajo docentes, la movilidad por razón de violencia de género y víctimas de terrorismo, las bolsas de trabajo docentes, así como las bases aplicables al personal integrante de las mismas, así como un Acuerdo entre Consejería y el conjunto de organizaciones sindicales que estamos presentes en la Mesa Sectorial para la mejora global de las condiciones de trabajo del personal interino.

En este sentido, proponemos:

1. Zonificación para el personal interino: consideramos que debemos superar el marco provincial, implementando una opción técnica más flexible que permita al personal interino adaptar sus preferencias de participación a ámbitos territoriales más ajustados a su realidad personal, familiar y laboral, por ejemplo, implementando la opción técnica de solicitar plazas por zonas y/o comarcas.
2. Facilitar la conciliación en vacantes informatizadas: Poder solicitar para vacantes informatizadas solo una provincia.
3. Modernización de la toma de posesión: permitir la toma de posesión telemática del personal interino en vacante, así como del personal funcionario en prácticas en situación de maternidad o incapacidad temporal y el cómputo del tiempo de servicio a todos los efectos.
4. Cobertura inmediata de las sustituciones: cubrir inmediatamente los permisos de quince días o más y que estén previstos con antelación mínima de quince días (como los permisos de matrimonio o asuntos particulares no retribuidos) e incluso aquellas bajas que se renuevan cada quince días.
5. Derecho a la pausa: permitir declararse inactivo antes de cada convocatoria de SIPRI.
6. Ampliación del derecho al cuidado de menores: ampliar la condición de activo no disponible por cuidado de menor hasta los 12 años. El derecho a cuidar no termina a los 3 años.
7. Protección integral para víctimas de violencia de género: Asimismo, USTEA reclama que se recoja la prioridad en la adjudicación de destinos a las docentes víctimas de violencia de género.
8. Mayores de 55: demandamos un Acuerdo que recoja la estabilidad del personal interino mayor de 55 años, recuperando la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía para garantizar la estabilidad laboral al personal interino asimilado a los distintos cuerpos y especialidades docentes que haya cumplido cincuenta y cinco años y tenga reconocido, al menos, cinco años de servicio en las bolsas de trabajo de la Comunidad Autónoma andaluza.

Acción colectiva frente a la desidia administrativa.

No aceptaremos más excusas técnicas. La tecnología existe, la voluntad política es lo que falta. Desde USTEA Enseñanza seguiremos batallando en las mesas de negociación para que el SIPRI 2.0 sea una herramienta de derechos y no de castigo.

La actualización de la Orden de 10 de junio de 2020 se presenta hoy como una exigencia inapelable para que la conciliación deje de ser un anhelo y se convierta en una realidad tangible para el personal interino. Desde USTEA Enseñanza, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de lo público a través de la protección de la dignidad de sus profesionales, convencidos de que la acción colectiva es el único motor capaz de transformar un sistema que debe estar, ante todo, al servicio de quienes dan vida a nuestras aulas cada día. Por una Educación pública andaluza con derechos blindados y condiciones laborales justas.