Inquietud en el sector por el proyecto de PGE que marca un máximo de tres años de contrato o nombramiento para una misma persona

ALMERÍA. El pasado martes, 30 de mayo,  se celebró la segunda concentración de interinos a las puertas de la Subdelegación del Gobierno auspiciada por organizaciones como USTEA, Marea Blanca, MAEP, CGT y ‘Escuela Pública: de todos para todos». El motivo de esta nueva movilización, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017 que contiene un artículo, el 19, y especialmente el apartado 2, cuyo contenido ha despertado una gran inquietud entre el personal interino de las administraciones.

Dicho artículo contempla, entre otros aspectos, que la duración de un nombramiento o contrato del personal interino no podrá superar los tres años, ni se podrán encadenar sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un periodo superior a tres años.

De la lectura literal de dicho artículo, según estas organizaciones, se desprende el despido masivo de trabajadoras interinos de todas las administraciones y empresas públicas que tengan contratos o nombramientos durante más de tres años, lo que podría afectar en este momento a centenares de miles de personas.

El artículo 19 del Proyecto de los PGE es, advierten, una consecuencia directa del Acuerdo firmado el pasado 29 de marzo entre CC OO, FeSP-UGT, CSI-F y el ministro Montoro sobre las ofertas públicas de empleo extraordinarias para los próximos años, con lo que pretenden reducir la tasa de interinidad actual, que supera el 20%, hasta el 8%. De todo ello se infiere que, a partir de 2020, el personal interino que no haya logrado superar los procesos selectivos que se convoquen en estas ofertas de empleo extraordinarias no sólo perderá cualquier posibilidad de consolidar su empleo, sino que será despedido una vez que haya superado los tres años de contrato o nombramiento.

Ante la alarma generada entre el personal interino de las diferentes administraciones y empresas públicas, la mayoría de los partidos políticos, incluido el PP, han presentado diferentes enmiendas al apartado 19 de los PGE, pero ninguna de ellas atenúa la inquietud ni ofrece una salida que responda a los intereses del personal afectado.

Estas medidas y decisiones adoptadas por el gobierno y los sindicatos firmantes del Acuerdo derivan «de las sentencias emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en aplicación de la Directiva 1999/70/CE, sobre el trabajo de duración determinada y el acuerdo marco que figura como anexo a la misma. Además, diferentes tribunales españoles, siguiendo los dictados del TJUE, han dictaminado que los sistemas de contratación podrían dar pie a plantear fraude de ley en las contrataciones de personal interino realizadas por la Administración y provocar el planteamiento de una cuestión prejudicial que fuera favorable a la estabilidad en el empleo de este colectivo.

La interpretación que han «realizado el gobierno y los sindicatos de toda esta jurisprudencia no va encaminada a la consolidación en el empleo después de tres años de servicio, tal como debiera inferirse de estas sentencias, sino al despido masivo de todo el personal eventual e interino».

Publicado por Ideal (Almería)