Según las conclusiones del informe de Ecologistas en Acción, con la entrada en vigor del TTIP municipios y comunidades perderán gran parte de su capacidad para gestionar materias de vivienda, sanidad, medio ambiente, servicios sociales, educación o alimentación. “Los ayuntamientos se encontrarán ante una realidad en la que estará prohibido cualquier intento de aplicar criterios de proximidad, desarrollo sostenible local a las contrataciones públicas, aplicación de moratorias sobre prácticas peligrosas en zonas de alta sensibilidad medioambiental o restringir el uso de técnicas que se consideran peligrosas como pesticidas, transgénicos, hormonas…”, afirman en el estudio.

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Los gobiernos regionales de la UE, así como las autoridades locales y comunidades autónomas del territorio español tienen derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a escala europea que les pueda afectar, para que de esta manera puedan expresar sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas regiones y municipios locales europeos en lo que concierne a las negociaciones que se vienen produciendo con relación al TTIP.

Las Administraciones Locales pueden incidir respecto a lo que se pretende con el TTIP y pueden legislar, dentro de sus competencias, en materias que protejan a las personas y al planeta, poniendo así la vida en el centro de las decisiones. Esto supone que los municipios están obligados a proteger los derechos sociales, económicos y medioambientales, y a hacer frente a los peligros y exigencias que quiere imponer el TTIP aplicando prácticas hoy prohibidas por las leyes europeas.

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