Con el único objetivo de evitar la derogación de la LOMCE, que ha sido aprobada en los últimos meses hasta en tres ocasiones en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular se ha sacado de la manga un presunto Pacto por la Educación. Mal síntoma que uno de los actores fundamentales para la aprobación de un pacto de estas características, el Gobierno, no proponga el acuerdo porque políticamente se lo cree, sino con la intención trilera de evitar la derogación de una de sus leyes que más movilización social en contra ha generado. Para abordar un acuerdo transversal de estas características hace falta que el PP abandone su inmovilismo ideológico en beneficio de la mayoría social, que PSOE y C’s dejen de pensar en sus intereses electorales y que el diálogo social y sindical se imponga como una de las premisas fundamentales. De lo contrario, llenaremos durante seis meses (que es lo que dura una subcomisión parlamentaria) muchos titulares vacíos de contenido en los medios de comunicación y generaremos una nueva frustración en la comunidad educativa.

Cualquier acuerdo transversal que verdaderamente quiera ser práctico para el conjunto de la ciudadanía debería pasar por tres principios fundamentales: el de suficiencia económica, el de participación y el del bien común. Sin ellos, nuevamente, el Pacto por la Educación no deja de ser un papel mojado lleno de buenas voluntades. Y las buenas voluntades están muy bien, en política y en educación, pero no resuelven el día a día de un sistema educativo que, según el último informe “Monitor de educación y formación 2016” de la Comisión Europea, está siendo brutalmente atacado por las políticas neoliberales y de recortes del PP, y también de Junts pel Sí en Catalunya. A modo de ejemplo, el informe de la Comisión Europea plantea que el abandono escolar prematuro (entre 18 y 24 años) en España se sitúa en el 20% mientras que la media de la UE es del 11%. ¿En qué consisten, pues, estos cuatro principios fundamentales?

Principio de suficiencia económica: el porcentaje del PIB destinado a inversión educativa en Catalunya y en España es el principal problema a resolver. El gobierno del PP invierte un 4,5% del PIB en Educación y el de la Generalitat de Catalunya un ridículo 2,8%, mientras que la media de los países de la UE es del 5,3% y de los países de la OCDE está en el 5,6%. Sin presupuesto para invertir en Educación, todo lo demás es agua de borrajas. Las necesarias infraestructuras educativas y su mantenimiento, los proyectos de cohesión social, una plantilla óptima para un sistema educativo de calidad o un sistema de becas que corrija las crecientes desigualdades en el Estado español solo serán posibles si van acompañadas de la partida económica necesaria. El primer punto de este Pacto por la educación debería ser el compromiso, blindado por Ley, de inversión educativa entorno al 6% del PIB. Esto es lo que recomiendan diferentes organismos internacionales del ámbito de la Educación y de la justicia social y lo que, además, mandata la Llei de Educació de Catalunya, que es sistemáticamente incumplido por los diferentes gobiernos autonómicos.

Principio de participación: se ha afirmado, demagógicamente, que el problema de la Educación en España es que en treinta años hemos tenido hasta siete leyes educativas diferentes. Este hecho objetivo no es un problema en sí, sino que se trata de una consecuencia del verdadero trasfondo: que ninguna de las leyes se ha aprobado con la participación de la comunidad educativa. El día que España apruebe una Ley Educativa que haya contado con el concurso y visto bueno de la mayoría de la comunidad educativa, esa Ley habrá venido para quedarse durante mucho tiempo. Se ha confundido, históricamente, el acuerdo político (o meramente institucional porque se limita a los Grupos Parlamentarios) con el acuerdo social. Por lo tanto, lo que necesitamos es una Ley que se construya desde el principio de la participación en dos tiempos fundamentales: durante el trámite de aprobación de la Ley, con la participación de los agentes sociales y sindicales de la comunidad educativa, y después de la aprobación de la Ley con el reconocimiento legal de que la comunidad educativa es un agente social en su despliegue a la misma altura que lo son las diferentes administraciones.

Principio del bien común: entendiendo que la Educación es un derecho que no solo repercute individualmente en las personas sino que tiene efectos estructurales en lo colectivo, hay que blindar a la escuela pública como herramienta de construcción social. En los últimos años el principio del bien común ha sido pervertido en España con el abuso de la concertación educativa contrariando a lo que estipula la Ley cuando afirma que el concierto es una herramienta para garantizar la escolarización obligatoria allí donde la escuela pública no llega. En España, la concertación educativa se ha convertido en un axioma y está en vías de conseguir que la educación pública sea subsidiaria de la privada. Bajo el concepto de que el dinero público, el de todas, debe ser para la escuela pública, la de todas, se ha demostrado empíricamente que los sistemas educativos que destinan todos sus recursos a las escuelas públicas consiguen mayores cuotas de calidad, como es el caso de Finlandia, que cuenta con el 98% de sus escuelas en la red pública. Mientras, España tiene una de las tasas europeas más bajas en presencia de alumnado en escuelas públicas (68,1%).

La aplicación de estos tres principios son los mimbres que pueden hacer funcionar nuestro sistema educativo. Garantizando la suficiencia económica, la participación y el bien común, entonces podremos, además, hablar de que la escuela debe ser coeducativa, laica, democrática y sostenible. Sin estos tres principios, la tinta que escriba una nueva Ley de Educación volverá a ser temporal y modificada por un nuevo gobierno.