El Presidente del Consejo Escolar del Estado ha decidido no tramitar ante el Pleno el Informe-Dictamen de STES-i alternativo al elaborado por la Comisión Permanente sobre el anteproyecto de la LOMCE, basándose en un informe de la abogacía del Estado. Esto supone censurar la opinión de una parte del profesorado y acabar con la libertad de expresión ante las propuestas de ley que presenta el gobierno y que el Consejo Escolar del Estado debe dictaminar preceptivamente.

El Presidente del Consejo basa su censura al Dictamen alternativo elaborado por STES-i (*) en un informe sobre el mismo elaborado por la abogacía del Estado (*). En este informe se afirma que el Dictamen de STES-i cumple los requisitos exigibles de “motivación y precisión”, pero no así el de “respeto”, tres requisitos que deben cumplir los Dictámenes alternativos según el reglamento del Consejo Escolar. El abogado del Estado entiende el requisito de “respeto” como la “debida neutralidad”, por lo que el Dictamen de STES-i no puede ser tomado como voz de una Institución.

El Presidente del Consejo, anula la libertad de expresión de STES-i al censurar su Dictamen e impedir a la representación de STES-i que lo exponga al Pleno. Con esta decisión el Presidente del Consejo censura también el debate que debería darse tras la presentación al Pleno de este Dictamen y se extralimita en una decisión completamente antidemocrática al impedir que los Consejeros y Consejeras que forman el Pleno puedan decidir con su voto el apoyar o no el Dictamen de STES; dictamen que pasaría a ser la opinión del Pleno caso de que fuera votado mayoritariamente.

La Confederación de STES-i ha presentado al Pleno un Dictamen alternativo al elaborado por la Comisión Permanente, pidiendo al Ministerio la retirada del anteproyecto presentado por:

–      Ser un proyecto impuesto. No ha habido negociación.

–      No mejorar la enseñanza. Las modificaciones que presenta empeorarán las condiciones en las que el alumnado recibe las clases. Las consecuencias de su aplicación serán desastrosas para la formación y la educación de nuestros jóvenes y para el conjunto de la sociedad,

–      Acabar con la gestión democrática de los centros y con la participación de la comunidad educativa.

–      Dinamitar  los derechos del profesorado, que podrá ser desplazado, cambiado de centro y localidad, se podrá despedir al profesorado interino y contratar sin respetar las listas ordenadas en función de los derechos de cada funcionario  y hace saltar por los aires años de lucha para mejorar las condiciones laborales del profesorado.

–      Se infravalora al profesorado al retirarle la capacidad de que con sus evaluaciones se obtengan los títulos académicos correspondientes a los estudios realizados.

–      Aportar nuevas y viejas fórmulas de privatización. Se consagra  la segregación, al dar garantía de conciertos a los centros privados que segregan al alumnado en función de su sexo.

–       Presentar muchos y significativos cambios, pero no se acompaña de una “memoria económica”, elemento imprescindible en cualquier ley orgánica, dado que cuantifica el coste de su aplicación. Es necesario que la sociedad conozca los costes de las medidas que proponen.

–      Mantener y consolidar los recortes efectuados en la enseñanza: el aumento del número de alumnos por clase, así como el de las horas lectivas del profesorado.

La representación de STEs-i expresará en el Pleno del Consejo su rechazo total a la decisión del Presidente y pedirá el amparo del resto de Consejeros y Consejeras para impedir la censura, la anulación de la libertad de expresión, que es lo que significa esta insólita decisión. 

Fdo.: la representantes de STES-i en el CEE: José L. López Belmonte, Beatriz Quirós y Augusto Serrano