Hoy se debate en el Pleno del Parlamento el decreto-ley que aumentará la financiación
de la enseñanza privada concertada en 4´5 millones de euros, junto al decreto de
rebaja fiscal que elimina el impuesto de patrimonio. Andalucía sigue el modelo de otras
comunidades gobernadas por el PP con el incremento autonómico del modulo de
conciertos estatal y el regalo fiscal a las rentas más altas.
La mayoría absoluta del PP valida hoy, en el Pleno del Parlamento, el decreto-ley que
prolonga la financiación pública de la limpieza por el covid de los centros educativos
concertados. Esta medida supondrá una financiación extra de 4`5 millones de euros
anuales a los centros privados concertados. La partida se suma al presupuesto público
destinado a la financiación de la enseñanza privada que en los últimos años no ha
dejado de crecer, alcanzando en 2020 los 879 millones de euros, la mayor cuantía en
la historia. La limpieza de los institutos es competencia de la Consejería de Educación,
pero son los ayuntamientos los responsables de los colegios y no hay prevista ninguna
medida similar para los centros públicos de educación infantil y primaria.
Este decreto-ley supone un aumento de la financiación de los centros concertados de
360 euros anuales por cada unidad escolar de infantil, primaria, secundaria,
bachillerato y FP y de 520 euros por cada unidad escolar de educación especial. El
curso pasado, ya se aplicó un decreto similar que se amplió en diciembre y cuyas
ayudas finalizan este mes y que ha supuesto una financiación extra de 6 millones de
euros a la enseñanza privada concertada.
El incremento de la financiación a la enseñanza concertada por encima del módulo
estatal se presenta como una disposición extraordinaria relacionada con la pandemia.
Sin embargo, USTEA interpreta que se trata de la introducción disimulada de una
medida reclamada por la patronal de la enseñanza concertada y que ya ha aplicado el
PP en otras autonomías en las que gobierna, por lo que probablemente se convertirá
en un mecanismo de sobre-financiación permanente de la enseñanza concertada.
USTEA considera que el objetivo de este decreto no es otro que es el desvío de
fondos públicos a la enseñanza privada con el pretexto de la pandemia. Hasta 2020,
Andalucía era una de las comunidades autónomas que destinaban a los centros
concertados el mínimo estatal fijado en los Presupuestos Generales del Estado para el
módulo de financiación por unidad escolar, esto es 28.921´10 euros de la partida
salarial, 4.058´89 en la partida de gastos variables y 6.355´53 para otros gastos, por
cada unidad o clase. Puesto que la partida de personal depende de los complementos
salariales autonómicos, la gran diferencia de financiación de la educación concertada
entre comunidades se debe al incremento o no de la financiación autonómica respecto
al módulo estatal, en las partidas de gastos variables y otros gastos. Comunidades
como Madrid, Cataluña o Navarra llevan años incrementando con financiación
autonómica el modulo estatal, a través del incremento de estas partidas. En Andalucía,
los 4´5 millones de financiación extra se contarán en la partida de otros gastos.
En el Pleno del Parlamento de hoy, no solo se validará este Decreto-ley, también se
convalidará el decreto de rebaja fiscal. Con esta bajada de impuestos, Andalucía
dejará de ingresar 360 millones de euros anuales, 900 millones si se suman las
anteriores rebajas fiscales, según las previsiones del propio gobierno de la Junta.
USTEA advierte de que si se suma un descenso de los ingresos a un incremento del
gasto público en enseñanza privada concertada, la financiación de la Educación
Pública andaluza corre un gravísimo riesgo. Andalucía es la comunidad autónoma que
menos invierte por alumno o alumna de todo el Estado (5.442 euros anuales), bastante
por debajo de la media estatal (6.230 euros) y solo superado por la cola por la
Comunidad de Madrid. Con la cuantía del regalo fiscal de la Junta a la minoría más
rica podrían contratarse 20.000 docentes al año o construir 180 colegios e institutos
nuevos.
En los próximos meses tendrá lugar el debate presupuestario y será entonces el
momento de comprobar en qué partidas repercute la rebaja de impuestos de Moreno
Bonilla a la minoría más rica y el reparto de fondos para educación. USTEA no
permitirá recortes y exigirá el aumento del presupuesto para Educación Pública.