Desde USTEA seguimos con nuestra campaña de este otoño “Desmontando la concertada”. Esta vez bajo el título “La concertada sale cara” vamos a desmentir el mantra de que la escuela privada-concertada subvencionada con fondos públicos supone un ahorro para el erario público.

Desde los sectores que de una forma tendenciosa aluden a unos datos totalmente sesgados sobre gasto medio por alumno/a según el tipo de centro, se obvia intencionadamente que es la escuela pública la única encargada de garantizar el derecho a la educación en todas aquellas zonas y sectores de población donde los centros privados ni están ni se les espera, precisamente, por no ser rentables para su negocio.

Según el estudio “el coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada” del Observatorio por la Educación Pública, exclusivamente desde el punto de vista económico, a igualdad de condiciones ambos modelos cuestan lo mismo, con la salvedad de que en los centros privados – concertados el coste anual para las familias es significativamente superior, por lo que, en el cómputo global, la educación privada concertada termina suponiendo un coste mayor.

Si desde determinados sectores se asegura que la privada concertada tiene menor coste es porque ofrece peores servicios. En efecto, toda una serie de ámbitos educativos son atendidos en exclusiva por la educación pública, como es el caso de la educación a distancia, educación en el exterior, enseñanzas de régimen especial, educación compensatoria, etc.

La educación pública tiene que asegurar el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad, por lo que tiene que llegar a todas las zonas geográficas y acoger a todo tipo de alumnado, lo que no sucede en el caso de los centros privados subvencionados con fondos públicos (concertados) que, además de desarrollar estrategias para la selección del alumnado por razones socioeconómicas, muestra un total desinterés por situarse en áreas poco rentables, como las zonas rurales o municipios pequeños o a acoger a alumnado que requiere mayor atención educativa. En efecto, los centros privados concertados se concentran en las capitales de provincia y en los grandes núcleos urbanos al tiempo que la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales se concentra en los centros públicos, con la reducción de la ratio que su escolarización supone además del incremento de recursos necesarios. Esta última consideración se hace extensible para el caso del alumnado inmigrante.

Desde USTEA entendemos que el acceso a una educación pública de calidad es un derecho fundamental de toda la población y que, por lo tanto, los poderes públicos tienen la obligación de garantizarlo por encima de cualquier criterio economicista o de “gasto”.

Solo una educación cien por cien pública es capaz de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad para todos y todas, en contraposición al modelo de privatización a través de los conciertos educativos que, como vemos, profundiza en la segregación socioeconómica del alumnado, provocando mayores desigualdades educativas e incidiendo negativamente en la cohesión social.

Por ello, la cuestión del coste económico de una red y otra es una cuestión que no debería entrar en consideración, Desde USTEA volvemos a insistir en el valor social de la educación pública, como única capaz de garantizar una educación de calidad y equitativa para todos y todas; esto debe estar por encima de cualquier otra consideración.