El pasado mes de junio, el portavoz de VOX en el parlamento andaluz afirmó que “en la escuela se adoctrina y se comete pederastia incluso”, reflejando el desprestigio que la derecha y la ultraderecha promueven hacia la educación pública. Este ataque persigue: desacreditar a los servicios públicos por el alejamiento de su moral e ideología sugiriendo el adoctrinamiento de la escuela pública y fortalecer la enseñanza privada y concertada, predominantemente católica (un 80 % en Andalucía), modelo que coincide en 100% con la ideología de la derecha. Mientras que la concertada difunde en las aulas discursos sobre las familias tradicionales, moral católica y apología de su ideología, desde la educación pública se promulgan valores basados en la diversidad y la inclusión.
Esta enseñanza pública es el vehículo esencial para garantizar el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución Española y los tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. A su vez, la ley de educación LOMLOE en su preámbulo explícitamente adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.
La escuela pública es la única que dispone de mecanismos estructurales para prevenir el adoctrinamiento. Ser trabajadores y trabajadoras en la enseñanza pública garantiza no sufrir ninguna presión y no tiene que seguir ninguna línea ideológica ni de moral ni de ningún gobierno. Los y las docentes entramos a trabajar por nuestras aptitudes educativas, mediante oposiciones o bolsas. Nadie nos pregunta, ni nos puede preguntar a quién votamos o nuestra ideología, mientras que en la concertada es por procesos PRIVADOS y dependen la línea ideológica de los propietarios del centro y su contratación va a depender de su compromiso con determinada ideología y moral.
Por lo tanto, en un centro público el alumnado va a convivir con la diversidad social tanto del profesorado como del alumnado, disfrutando además de una educación en libertad y plural
En primer lugar, es importante dejar claro que en ningún momento se contempla en la Constitución Española, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para poder elegir entre la red de centros públicos o la red de centros privados, ni que esta última tenga que estar subvencionada con fondos públicos. En este sentido, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja claro en sendas sentencias, que el derecho a la formación religiosa y moral acorde a las convicciones de los padres no es de protección directa, sino a través de la protección de otros derechos como la libertad de cátedra, la neutralidad ideológica de los centros públicos, etc., y, además, tiene como límite el derecho de los menores a recibir una educación integral. (Sentencia 260/1994, de 3 de octubre de 1994).
Lejos de procurar el fortalecimiento de la educación pública como la única capaz de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad para todos y todas, el ejecutivo andaluz mantiene la “demanda social” como elemento central de la planificación educativa, en consonancia con toda la batería de políticas privatizadoras que está implementando. Estas políticas no solo debilitan la educación pública sino que perpetúan las desigualdades, priorizando intereses individuales sobre el bien común.
Por todo ello, en USTEA creemos que es fundamental luchar por anteponer la concepción del derecho a la educación como un derecho fundamental y no como un derecho de consumo, como un derecho de elegir según la lógica neoliberal. Defendemos y luchamos por una escuela 100% pública de todos y todas para todos y todas, como única manera de garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad para el conjunto de la población y así contribuir a la construcción de una sociedad verdaderamente más libre.