Ustea estudiará acciones, incluida la huelga, ante una imprudente vuelta a las aulas.

Hemos presenciado en las últimas semanas un despliegue sin precedentes en la Consejería de Educación y Deporte y sus respectivas delegaciones territoriales, con sus más altas responsabilidades en primera línea, portavoz del Gobierno incluido, Consejero y Viceconsejera con el arropo de delegadas y delegados provinciales en tromba convocando a los medios de comunicación regionales y provinciales y poniendo a los gabinetes de prensa “full throttle”, para vendernos las excelencias de un plan para la vuelta al cole que, de momento, genera más zozobra que certidumbre.

Por lo que venimos conociendo hasta ahora de contagios y brotes de COVID 19 en entornos escolares o equiparables, cuando se produce la detección suele ser en una persona adulta que presenta síntomas. Y lo habitual también es que el virus ya esté circulando en ese ambiente con anterioridad, probablemente entre las personas más jóvenes, de manera asintomática. Así parecen indicarlo los últimos casos conocidos en escuelas de Georgia, en EEUU, de Israel o de Alemania. También parece ir en esta línea un caso testigo informado en Catawba, Carolina del Norte (EEUU), que muestra la facilidad y la velocidad de propagación del virus en situaciones cotidianas que involucren concentraciones de personas. Y aún con todo es muy poco lo que sabemos aún sobre cómo afecta este virus a la infancia y la juventud y cómo circula entre esta población, sencillamente porque no se ha estudiado de manera suficiente.

Probablemente no hay todavía información suficiente, pero un elemental principio de prudencia apunta a la necesidad de restringir al máximo los contactos y evitar grupos numerosos, sobre todo en lugares cerrados. Los centros educativos deberían contar entonces con las instalaciones suficientes y el personal necesario para organizar grupos pequeños, organizar las entradas y las salidas y evitar en lo posible situaciones de congregación masiva de personas, además de las medidas de protección que indiquen las autoridades sanitarias. Todo ello debería traducirse en una bajada notable de la ratio alumnado/profesorado y la organización flexible de la actividad docente, en un aumento de las plantillas de personal y la dotación de los equipos profesionales competentes que posibiliten y garanticen la elaboración y el cumplimiento de los protocolos. Nada parecido a esa falacia de los “grupos burbuja”-una burbuja que se rompe varias veces a lo largo de una jornada escolar no es digna de tal nombre- o “grupos de convivencia”, un concepto fuera de la realidad e ignorante de la naturaleza humana, y lejos, muy lejos de esas cifras ridículas de contrataciones anunciadas que no alcanzan siquiera para cubrir las necesidades previas a la pandemia. Y desde luego un plan mucho más ambicioso que ofrecer a los centros “hilo directo” con los servicios sanitarios o fiarlo todo a una buena evolución de la pandemia o medidas quirúrgicas como el cierre de aulas y centros afectados.

En otro orden de cosas, viene al caso comentar también que llegado el momento habrá toda una serie de decisiones, obligadas por la necesaria adaptación de unas recomendaciones generales a cada realidad particular, que deberán tomarse en los centros educativos, ya sea por los equipos directivos o por las personas responsables de los protocolos antiCovid de cada uno. Y serán esas decisiones concretas las que podrían determinar las responsabilidades pertinentes a cada situación, lo cual coloca al conjunto de trabajadoras y trabajadores del sistema educativo en una cierta inseguridad jurídica, por más que se insista desde la administración educativa en que solo se trata de medidas organizativas al amparo de unas recomendaciones que, dicho sea de paso, no tienen rango normativo. Desde USTEA consideramos además que la elaboración de los susodichos protocolos, tal como está contemplada actualmente en las instrucciones de la Consejería podría incumplir la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al delegar funciones preventivas en trabajadores y trabajadoras sin que éstas cuenten con “la capacidad para ello, así como disponer del tiempo y los recursos necesarios”, tal y como establece su artículo 30.

No queremos acabar este paquete de reflexiones sin hacer mención a otra de las medidas rutilantes gestadas por nuestra Consejería de Educación y Deporte, una instrucción de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa para tratar de hacer frente a los estragos pedagógicos del confinamiento y las miserias sistémicas conocidas como “brecha digital” o “brecha social”, puestas en evidencia por el paso vertiginoso a la enseñanza no presencial. Con el ostentoso nombre de Medidas para la Transformación Digital Educativa recibimos unas instrucciones que, en la práctica, suponen poco más que una redistribución horaria de la anterior coordinación TIC en función del número de unidades del centro y el reparto de una cierta cantidad de recursos tecnológicos. Más allá de consideraciones cuantitativas, de cuya suficiencia dará cuenta la tozuda realidad, qué sabemos del mantenimiento de los equipos y las instalaciones necesarias para una conectividad a la altura de las necesidades, qué avanzamos en la competencia digital del alumnado y sus familias para el uso y tratamiento de la información digital o los recursos que proporciona Internet, qué alternativas ofrecemos a la comunidad educativa cuando en las viviendas no hay unas mínimas condiciones para el teleaprendizaje. De nuevo una cascada de incertidumbres que vuelven a provocar desasosiego.

Tenemos una conciencia clara del enorme esfuerzo de inversión que supone atender las necesidades de un sistema público educativo que se ha enfrentado a un reto sin precedentes desde una carencia secular y multifacética, pero si algo deberíamos haber aprendido de esta crisis es la absoluta esencialidad de unos sistemas públicos fuertes que garanticen la atención a los derechos humanos fundamentales, la salud por supuesto, pero también la educación y un largo etcétera de conquistas civiles de las sociedades democráticas.

Ante este panorama desalentador, sin negociación real de las medidas que la Consejería de Educación impone unilateralmente, USTEA analizará, en los primeros días de septiembre, en coordinación con otras organizaciones sindicales y con el resto de actores de la comunidad educativa que apuestan por una Enseñanza Pública de calidad en Andalucía, cómo articular una respuesta contundente a esta situación, incluida la huelga, ante la tozuda actitud incomunicativa de la administración educativa, que  no solo desoye las exigencias sobre la bajada de ratios y aumento de personal, sino que continúa incumpliendo en numerosos casos las ratios máximas legales, lo cual en el contexto actual además de una ilegalidad es una manifiesta irresponsabilidad.

                                                                                           Andalucía 17 de agosto de 2020