El segundo trimestre escolar en Baleares comenzó este martes como se inició el primero: con paros en la enseñanza primaria y secundaria. Tras el día de Reyes, se reactivó la huelga de profesores que bloqueó de forma insólita el inicio del curso 2013-2014 durante tres semanas —entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre— en rechazo a la política educativa del Gobierno balear (del PP) por la manera en la que ha implantado el nuevo modelo trilingüe en las aulas, impuesto por decreto. La base del malestar es que al introducir un tercer idioma, el inglés, se reducen las horas de clase en los otros dos (sobre todo, en catalán). Los docentes denuncian también los recortes de plantillas, becas y ayudas.

Pese al seguimiento mayoritario que tuvo la movilización en el inicio de curso, además del apoyo de las asociaciones de padres de alumnos y la sociedad civil, el Gobierno de Bauzá no dio marcha atrás y mantuvo el decreto del trilingüismo como estaba. La máxima expresión de este respaldo se pudo ver en la manifestación del 29 de septiembre, cuando más de 100.000 personas —de una población total de 1,1 millones— salieron a las calles de las cuatro capitales de las islas para manifestarse contra la medida. Según los organizadores, fue “la mayor manifestación de la historia” en el archipiélago y una de las huelgas docentes más largas de las últimas décadas.

El amplio respaldo popular que logró la protesta se reflejó también en los 400.000 euros que se recaudaron para compensar la merma económica sufrida durante los paros. No obstante, después de tres semanas sin lograr resultados, los profesores decidieron suspender la huelga indefinida, aunque no la desconvocaron, por lo que esta nueva jornada es una continuación de aquella.

Con el nuevo paro, convocado por la Asamblea de Docentes y los sindicatos tradicionales STEI, CC OO y UGT, los profesores exigen que se reactiven las vías de negociación bilateral sobre la implantación del trilingüismo, plantillas y dotaciones económicas de programas. En el eje de la protesta está la nueva normativa balear de símbolos que multa con 10.000 euros la exhibición en las escuelas de la bandera de las cuatro barras catalanas, símbolo de la defensa de la lengua autóctona.

Los convocantes exigen también que se anulen los expedientes abiertos a directores de institutos que participaron en la movilización de septiembre o que objetaron a la implantación del trilingüismo, así como todas las “medidas de represión” contra docentes implicados en las protestas. De manera especial se menciona el caso de Jaume March, director del instituto de enseñanza secundaria de Marratxí (Mallorca), contra quien se ha aplicado un expediente disciplinario gubernamental “por falta muy grave” tras una denuncia de una alumna y sus padres durante aquellos paros. Se le acusa de “conculcar el derecho a la educación” de la estudiante, que reclamaba que se le diese clase, por “no adoptar una actitud de neutralidad” ante la huelga. La denuncia se basó en una grabación clandestina de una conversación entre ambos. La alumna, que dirige una asociación contraria a la protesta y se ha trasladado a otro centro, acaba de interponer una segunda denuncia contra Jaume March por divulgar su identidad siendo una menor.

Además del director del instituto de Marratxí, otros seis profesores de centros educativos de Mallorca están bajo la lupa de la inspección en investigaciones reservadas por parte del Gobierno balear.

La consejería de Educación ha fijado unos servicios mínimos para esta nueva jornada de huelga de un tercio de las plantillas de los claustros de los centros. Grupos contrarios a la enseñanza en catalán han activado a asociaciones de alumnos y padres que rechazan las acciones de los huelguistas, aunque son minoritarias. La mayoría de las agrupaciones mantiene su respaldo a los profesores.

Fuente: ELPAIS