Hoy, 3 de diciembre, es el día internacional de las personas con discapacidad y por ello, ante la polémica actual sobre la LOMLOE y los centros de Educación Especial, desde USTEA apostamos por un sistema educativo realmente inclusivo y exigimos a las administraciones las políticas, recursos, medios y estrategias necesarias para ello.

En estos últimos días se ha avivado desde la derecha, ciertos grupos conservadores y medios de comunicación afines a ellos, una polémica sobre la supuesta amenaza que supone la LOMLOE para los centros de Educación Especial. Una polémica a nuestro juicio totalmente desenfocada, tendenciosa y reaccionaria, ya que ni la LOMLOE dice lo que se asegura desde estos sectores ni las críticas están dirigidas con una orientación acertada desde el punto de vista de la inclusión educativa.

En primer lugar es preciso señalar unos datos que pueden servir para explicar parte de la reacción exagerada, que ha provocado la disposición adicional cuarta de la LOMLOE, respecto a la evolución de la escolarización del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: actualmente en Andalucía, según datos de la propia Consejería de Educación, existen un total de 60 Centros Específicos de Educación Especial, de los cuales 45 son centros privados subvencionados con fondos públicos, lo que supone tres cuartas partes del total. El texto literal de la polémica dice que: “El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. Si bien la LOMLOE, aún apuntando en la dirección de las directrices de la ONU, es del todo insuficiente, no se puede ni entender ni compartir los términos de la agresiva campaña en contra de esta medida, basada a menudo en falsedades, y que nunca ha abordado la cuestión de la inclusividad.

Efectivamente, el Estado Español ratificó y aprobó en el Parlamento, por unanimidad, la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde en su artículo 24 reconoce que “los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad”. Además, es muy significativo lo reflejado en el punto 2.b) de este mismo artículo, donde se establece que “las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”. Así mismo, uno de los elementos señalados en los comentarios generales a esta convención, realizados también por la Naciones Unidas, es el hecho de que se ha de producir una transferencia de recursos desde los centros segregados y de educación especial hacia los entornos inclusivos. 

No obstante, desde USTEA comprendemos la preocupación de muchas familias y profesionales relacionadas con la atención a la diversidad y alumnado con discapacidad, ya que en nuestro país y, en concreto, en nuestra comunidad, llevamos padeciendo un largo historial de falta de recursos y medios en los centros ordinarios para poder atender sus necesidades, lo que, por un lado ha provocado la frustración de trabajadores y trabajadoras y por el otro ha empujado a las familias a recurrir a los Centros Específicos de Educación Especial. Sin ir más lejos, la propia ONU ha llamada la atención a España sobre esta cuestión, insistiendo en que se debe procurar “una transformación de la política pública para hacer este derecho a la educación inclusiva efectiva”, afirmando que España ha avanzado muy poco para hacer la educación inclusiva ya que muchos niños y niñas con discapacidad siguen en colegios separados de otros niños y niñas que no la tienen. Pero además, en su informe de 2019, la ONU insiste en que “hay que asegurar que todas las personas con discapacidad que quieran estudiar con personas sin discapacidad reciben el apoyo que necesitan”, añadiendo que no se ha de usar el dinero público para construir instituciones, favoreciendo, mediante planes dotados de medidas y recursos económicos, que las personas con discapacidad vivan en comunidad y con apoyos.

Ante esta realidad, USTEA defiende un modelo plenamente inclusivo, para lo que entendemos que es fundamental exigir a los poderes públicos, ya sean estatales o autonómicos, las políticas que permitan transitar hacia este modelo en el que ningún alumno o alumna sea segregado como consecuencia de su capacidad. Creemos en una escuela pública basada en los principios de igualdad y no discriminación, que permita crear un espacio común de aprendizaje y participación, donde todas y todas se sienta parte de su entorno social. Sin duda, hacer este modelo realidad requerirá de una dotación de recursos y medios a los centros ordinarios que permita que el alumnado con discapacidad reciba la atención necesaria, ya que los recursos han de acudir donde estén las necesidades y no al revés; necesitará del desarrollo de un conjunto de estrategias, formación, legislación y procesos encaminados hacia la construcción de una verdadera cultura inclusiva en nuestro sistema público educativo; precisará de la creación de unas condiciones óptimas en el aula y en los centros en aspectos como la ratio, las infraestructuras, etc.

Por todo ello, desde USTEA lucharemos para que los recursos de los que habla la LOMLOE para los centros ordinarios no supongan un brindis al sol más y para que, de una vez por todas, se respeten los derechos más elementales de las personas con discapacidad, tal y como venimos demandando en nuestro decálogo de la inclusión educativa. 

Andalucía, 3 de diciembre de 2020