STEs-i y USTEA denunciamos la falta de ambición del Ministerio de Educación en la Mesa de Negociación celebrada el 12 de marzo en Madrid sobre las condiciones del desempeño docente. Las propuestas presentadas, centradas en jornada, ratios y apoyos, evidencian la intención del Gobierno de cerrar la legislatura con una reforma de bajo coste que no responde a las necesidades reales de los centros educativos ni del profesorado.
Las medidas planteadas no suponen un avance estructural para la educación pública. Sin inversión suficiente, cualquier modificación normativa se convierte en un simple maquillaje que no afronta los problemas de fondo del sistema educativo.
Ratios: aprovechar el descenso demográfico no es mejorar la educación
El anteproyecto plantea reducir el número máximo de alumnado por aula, pasando de 25 a 22 en Primaria y de 30 a 25 en la ESO. Sin embargo, esta reducción no responde a una apuesta decidida por la calidad educativa, sino a la caída de la natalidad que ya está reduciendo el número de estudiantes en muchos territorios.
Además, la aplicación completa de estas ratios se retrasa hasta el curso 2031-2032 y no va acompañada de inversión adicional. En la práctica, el Ministerio pretende vender como mejora lo que en realidad es una consecuencia inevitable del descenso demográfico.
Menos horas lectivas sin más profesorado: el riesgo de perder apoyos
La propuesta de fijar un máximo de 18 horas lectivas en Secundaria y 23 en Primaria puede parecer positiva, pero la experiencia demuestra que estas medidas, si no van acompañadas de un aumento real de plantillas, acaban teniendo efectos negativos.
En numerosos territorios ya se ha comprobado que la reducción de horas lectivas sin incremento de cupos provoca la pérdida de apoyos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. No aceptamos que la mejora de las condiciones laborales del profesorado se haga a costa de la atención a la diversidad.
La burocracia: el gran problema que el Ministerio se niega a abordar
Resulta especialmente grave que, pese a que la reducción de la burocracia era una prioridad en los grupos de trabajo, el Ministerio no haya presentado ni una sola propuesta para aliviar la sobrecarga administrativa que soporta el profesorado.
Miles de docentes siguen dedicando una parte creciente de su jornada a tareas burocráticas que nada tienen que ver con la enseñanza. Mientras no se aborde este problema, cualquier reforma quedará incompleta.
Sin financiación no hay reforma educativa
STEs-i y USTEA reiteramos que no es posible transformar el sistema educativo sin aumentar de forma significativa la inversión pública. No aceptaremos reformas cosméticas ni medidas “low cost” que no vayan acompañadas de financiación suficiente.
La inversión educativa en el Estado español continúa por debajo de la media de la OCDE y apenas supera el 4,5 % del PIB. Exigimos un compromiso real con la educación pública que sitúe la inversión en el 7 % del PIB para compensar décadas de infrafinanciación.
La educación pública necesita medidas valientes, inversión suficiente y una mejora real de las condiciones laborales del profesorado. Todo lo demás es propaganda.



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