Según la propia información encontrada en el portal web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, hemos podido comprobar cómo la administración reconoce una realidad, flagrantemente ilegal, ampliamente denunciada por los colectivos de familias y por USTEA. En concreto, a la hora de definir los tipos de centros desde un punto de vista económico se dice que en los centros concertados “el dinero público subvenciona parte de los costes operativos del centro y los padres y madres de los escolares desembolsarán una cantidad de dinero inferior a la de los centros privados”.

En el propio texto del decreto de escolarización, así como en la LOMCE, se prohíbe que este tipo de centros reciban aportaciones de las familias, precisamente para “garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos y alumnas sin discriminación por motivos socioeconómicos”, si bien es ampliamente conocida la utilización habitual de subterfugios que utilizan estos centros para terminar imponiendo un coste económico a la educación y de esta manera ejercer una selección del alumnado.

Desde USTEA consideramos una auténtica barbaridad que, desde la administración, se reconozca de una forma tan descarada y vergonzosa que se financia con fondos públicos a centros privados que terminan suponiendo un coste para las familias en el ejercicio del derecho universal a la educación. No nos cansaremos de decirlo: una red dual en la que convivan centros públicos y privados, subvencionados o no con fondos públicos, solo conduce hacia una segregación educativa por razones socioeconómicas y a un deterioro, en consecuencia, de la cohesión social.

En este sentido, queremos insistir en que las movilizaciones en contra del nuevo decreto de escolarización, que favorece a los centros privados concertados, no se pueden quedar aquí. Desde USTEA hacemos un llamamiento a la movilización en defensa de la escuela pública y estamos trabajando por mantener una continuidad de esta lucha tras la huelga del 4 de marzo. Queremos una educación cien por cien pública que garantice el acceso a este derecho en condiciones de igualdad para todas y todos. Ya está bien de pagar con fondos públicos el elitismo y la segregación social.