Desde USTEA queremos volver a manifestar nuestra profunda preocupación y denunciar las deficiencias que están caracterizando el actual proceso de oposiciones docentes en Andalucía, afectando tanto a las personas aspirantes como al personal nombrado como tribunal.

En primer lugar, denunciamos el elevado número de pruebas invalidadas por faltas ortográficas, un criterio excesivo e injusto que penaliza errores menores fruto de la presión, el estrés y el tiempo limitado de la prueba. Asimismo, hemos exigido a la Consejería que adopte el modelo implantado en otros territorios, donde estas faltas únicamente suponen una penalización reducida, sin implicar la anulación directa del examen. Además, dado que existe la posibilidad de solicitar copia del examen para futuras reclamaciones, garantizar una corrección ortográfica con total objetividad obliga al personal docente nombrado como tribunal a realizar un procedimiento minucioso y tedioso, que prolonga considerablemente los tiempos de corrección, ya que requiere identificar y registrar la localización exacta de cada posible falta y alcanzar la unanimidad de criterio, interrumpiendo y dificultando así el seguimiento global y coherente del desarrollo teórico del tema.

A ello se suma el cambio de criterio sobre las invalidaciones de programaciones, comunicado por la Administración a los tribunales un día después de haber comenzado las primeras exposiciones orales, dejándoles en una situación de indefensión ante las lógicas protestas del personal opositor que se ha presentado personalmente para pedir explicaciones en la puerta de los institutos.

Por otro lado, el actual modelo de oposiciones perpetúa un sistema que prima la memorización frente a la valoración real del desempeño docente, con temarios obsoletos, una elevada subjetividad en la corrección y un peso excesivo de academias y entidades privadas en la preparación. Este sistema alimenta la precariedad y temporalidad del profesorado. Reiteramos por ello nuestra exigencia de establecer una doble vía de acceso para el personal interino.

Respecto a las condiciones de los tribunales, denunciamos unas jornadas maratonianas que superan con creces las 37,5 horas semanales, alcanzando en muchos casos las 60, con sesiones de corrección de hasta 12 horas seguidas, sin derecho efectivo a medidas de conciliación familiar ni a una compensación económica justa, todavía regulada por un decreto de 1989 totalmente desfasado. Además, muchos tribunales ni siquiera perciben dietas, debiendo asumir desplazamientos o costes de manutención de su propio bolsillo.

Todo esto se ve agravado por el uso de plataformas informáticas sin respaldo técnico suficiente, así como por el desarrollo de las pruebas en centros educativos sin climatización adecuada, sometiendo tanto a tribunales como al personal que oposita a temperaturas extremas, especialmente graves durante las olas de calor que estamos viviendo.

Denunciamos, en definitiva, la falta de humanidad y sensibilidad con la que la Administración está tratando a miles de personas opositoras y docentes que ejercen como tribunales.

Por todo ello, desde USTEA exigimos:

• La revisión inmediata de los criterios de anulación por faltas ortográficas, apostando por la proporcionalidad y la diferenciación entre erratas y errores ortográficos graves.
• Transparencia, objetividad y equidad reales en todo el proceso selectivo.
• Reducción efectiva del número de aspirantes por tribunal y ajuste de plazos para garantizar correcciones de calidad.
• Actualización de las indemnizaciones y vinculación de las mismas a la carga real de trabajo, así como compensaciones alimentarias para jornadas que superen las 6 horas.
• Cumplimiento inmediato de la Ley de Bioclimatización de centros educativos o, en su defecto, acondicionamiento temporal adecuado de las sedes de examen.
• El establecimiento de la doble vía de acceso para el personal interino, como herramienta fundamental para acabar con la temporalidad y la precariedad docente.

Desde USTEA seguiremos defendiendo los derechos y la dignidad de quienes trabajan por y para la educación pública.