LEY 5/2026: PRIVATIZACIÓN, DESFINANCIACIÓN Y CONTROL EN LAS AULAS

Desde USTEA Enseñanza manifestamos todo nuestro apoyo y solidaridad al sindicato STEPV y al conjunto de trabajadoras y trabajadores de la educación en el País Valencià ante la aprobación de la Ley 5/2026 de la Generalitat Valenciana. Denunciamos este marco de regresión fiscal y administrativa pactado por PP y Vox que traslada el coste de la enseñanza a las familias, abre las puertas al capital privado y deteriora gravemente la capacidad de la escuela pública para garantizar la igualdad de oportunidades.

Esta norma impone una asfixia presupuestaria directa sobre el sistema educativo público al combinar reducciones e incentivos fiscales orientados a las rentas más altas —como las bonificaciones en los impuestos de Sucesiones y Patrimonio— con el mantenimiento de la carga económica sobre el alumnado a través de las tasas por expedición de títulos y tramitaciones administrativas. La consiguiente merma en los ingresos autonómicos frena la inversión indispensable para la reforma y mejora de infraestructuras escolares, la reducción generalizada de ratios por aula y el refuerzo de las plantillas docentes y de orientación.

Bajo el epígrafe de modificaciones en la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, la ley incentiva la entrada de capital privado en la enseñanza no universitaria y universitaria. Al potenciar deducciones fiscales al mecenazgo y facilitar la vía para convenios y patrocinios, se fomenta la financiación privada como alternativa a la inversión pública directa. Este modelo de mercantilización desplaza la responsabilidad del Estado en el sostenimiento de la oferta educativa pública y favorece la brecha entre centros.

Paralelamente, la reorganización de las atribuciones administrativas altera el funcionamiento de la inspección educativa y modifica los marcos reguladores de los currículos oficiales y de los planes de convivencia escolar. Estas medidas no solo incrementan el control e intervencionismo administrativo sobre la labor docente, sino que comprometen directamente los avances en inclusión y diversidad, al tiempo que profundizan en el deterioro de las condiciones laborales del personal centro a centro.

Desde Andalucía, como organización sindical transformadora, nos sumamos a las exigencias de STEPV para la reversión inmediata de estas medidas regresivas, la paralización de las exenciones fiscales a los sectores más acomodados y la garantía de una financiación pública suficiente. Todo nuestro respaldo a sus movilizaciones en las calles y en los centros para defender una educación pública, de calidad, inclusiva y libre de tutelas ideológicas o intereses empresariales.