Asistimos a un nuevo episodio de descoordinación por parte de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía: Hoy, 16 de marzo, ha tomado la decisión, mediante resolución, de no contratar al personal interino que debía incorporarse este mismo día, en muchos casos ya se había puesto a disposición del Centro asignado y empezado a desempeñar las funciones adjudicadas, para sustituir al personal titular de baja; escudándose para ello en el Real Decreto que proclama el Estado de Alarma en el conjunto del estado.

Para justificar esta decisión, la Consejería interpreta que el Real Decreto ”interrumpe los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público“ y que el “cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia” el estado de alarma. Entendemos que es una excusa poco razonable pues ignora que el propio RD  señala que durante dicho período “se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line»“; asimismo la propia instrucción de 13 de marzo de la propia viceconsejería de Educación andaluza,  dice en su artículo primero, que su objetivo es “favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y garantizar la organización y funcionamiento de los centros durante el periodo de suspensión de la actividad docente presencial“. ¿Cómo se va a favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje si no contrata el  personal necesario para ello?  

Dicha Consejería vuelve a equivocarse cuando en la resolución publicada hoy se señala que el llamamiento aplazado se materializará tras la finalización del estado de Alerta. Es un despropósito pensar que las bajas y situaciones que han motivado este llamamiento seguirán igual para entonces, cuando es probable que en muchos casos se hayan producido incorporaciones y/o nuevas bajas. En un contexto de alerta general y crisis sanitaria en los que las fuentes oficiales ya están hablando de la extensión de la cuarentena,  de nuevo la Consejería va por detrás de los acontecimientos, volviendo a utilizar al colectivo docente andaluz como moneda de cambio para medidas de ahorro totalmente impropias en este contexto.

Instamos a la Consejería de Educación a corregir y enmendar una decisión que limita y deteriora el derecho a la educación de nuestro alumnado y la situación laboral del profesorado interino, al mismo tiempo que deteriora la calidad y adecuado funcionamiento de nuestro sistema educativo público.

Mientras tanto, nuestros servicios jurídicos ya estudian el contenido de esta resolución, por si fuera objeto de recurso.