Desde USTEA hemos presentado un recurso de reposición ante la Consejería de Desarrollo Educativo contra la Orden de 12 de diciembre de 2025, publicada en el BOJA el 18 de diciembre, por la que se suprimen unidades y se reorganizan centros de la red pública andaluza. Con este recurso pretendemos frenar el cierre de clases en la educación pública andaluza y denunciar una política de recortes encubiertos que afecta a centros públicos de todas las etapas educativas, incluidos centros rurales, de educación especial y de infantil y primaria.

La aplicación de esta Orden supone la supresión de unidades, la reducción de líneas y el cierre de aulas y sedes, con un impacto directo sobre el alumnado, las familias y el personal docente. Estas decisiones generan inestabilidad laboral en los centros, incrementan la sobrecarga de trabajo del profesorado, provocan desplazamientos forzosos del puesto de destino y deterioran la salud laboral, lo que repercute negativamente en la atención educativa que recibe el alumnado.

Falta de motivación y opacidad en la planificación educativa

Uno de los ejes centrales del recurso que hemos presentado es la ausencia de una motivación real que justifique las supresiones concretas de unidades. La Administración se ha limitado a reorganizar la planificación de los centros educativos, arrojando un saldo negativo de 355 aulas, que se suman a las 704 unidades eliminadas el curso pasado, sin aportar estudios de escolarización, datos de ratios desglosados por centro, evolución real de la matrícula, informes de impacto territorial ni una evaluación de las consecuencias sociales y educativas de estas decisiones.

Esta falta de información impide comprender por qué se cierran determinadas líneas, se eliminan aulas rurales o se concentra alumnado en centros ya masificados y, en muchos casos, con falta de espacios. Consideramos que esta forma de proceder convierte la planificación educativa en un ejercicio arbitrario y opaco, contrario a los principios de transparencia y buena administración.

Impacto directo en el derecho a la educación

Las supresiones de unidades provocan un aumento generalizado de las ratios, que en algunos casos alcanzan o superan los límites legales, así como una mayor concentración de alumnado y un incremento de los desplazamientos, especialmente en el medio rural. Estas medidas dificultan el acceso a la educación pública en condiciones de igualdad y afectan de manera directa al derecho fundamental a la educación, que no se limita a la existencia formal de una plaza escolar, sino que exige condiciones de calidad, proximidad y equidad.

Desde USTEA defendemos que la planificación educativa no puede utilizarse como un instrumento de recorte encubierto, sino que debe responder al interés general educativo y garantizar una oferta pública suficiente y equilibrada en todo el territorio.

Trato desigual frente a la enseñanza concertada

Denunciamos además un trato claramente desigual entre la red pública y la enseñanza concertada. Mientras los recortes y supresiones se concentran de forma sistemática en los centros públicos, la enseñanza concertada mantiene líneas y unidades incluso en contextos de descenso de matrícula, aplicándosele criterios de estabilidad y continuidad que se niegan a la red pública.

Esta diferencia de trato, que no aparece justificada ni explicada en la Orden, evidencia una aplicación desigual de la potestad de planificación educativa y refuerza el carácter arbitrario de las medidas adoptadas.

Ausencia de participación de la comunidad educativa

La Orden ha sido aprobada sin audiencia a los consejos escolares, sin participación de los municipios y sin ningún trámite de información pública, vulnerando derechos básicos de participación democrática recogidos en la normativa educativa. Consideramos que las decisiones que afectan a la estructura y funcionamiento de los centros públicos no pueden adoptarse de espaldas a la comunidad educativa, que es quien sostiene y utiliza el sistema educativo día a día.

Consecuencias para el profesorado y la calidad educativa

Las supresiones de unidades tienen un impacto directo sobre las condiciones de trabajo del profesorado, generando inestabilidad en los equipos docentes, aumento de la carga laboral y un claro deterioro de la salud laboral. Esta situación afecta de manera directa a la calidad del servicio educativo y al derecho del alumnado a recibir una atención adecuada.

Defender las condiciones de trabajo del profesorado es, para USTEA, una parte inseparable de la defensa de la educación pública de calidad.

Qué reclamamos desde USTEA

En el recurso presentado solicitamos que se dejen sin efecto todas las supresiones de unidades educativas y se mantenga la estructura existente con anterioridad a la Orden. Asimismo, exigimos que cualquier modificación futura se tramite con criterios objetivos, transparencia, informes técnicos reales y una participación efectiva de la comunidad educativa, aplicando a la red pública los mismos criterios de estabilidad y continuidad que la Administración viene aplicando a la enseñanza concertada.

Desde USTEA seguiremos defendiendo la educación pública como un derecho fundamental frente a decisiones arbitrarias y recortes encubiertos que debilitan el sistema educativo y aumentan las desigualdades.