En las últimas semanas ha sido mucha la polémica sobre la LOMLOE y sus supuestos ataques a la educación privada subvencionada con fondos públicos, también conocida con el eufemismo de “concertada”, una controversia basada en falsedades y vociferada por los sectores más conservadores de la sociedad, entre los que se encuentran aquellos con jugosos intereses económicos en la cuestión.

Entre los argumentos más utilizados vuelven a brillar la invocación a los artículos 27.3 y 27.9 de la Constitución Española que, supuestamente, ampararían el derecho de las familias a elegir centro educativo y la subvención con fondos públicos a los centros privados, obviando que ya existe una jurisprudencia sobre el asunto, recogida en sendas sentencias del Tribunal Constitucional, que establecen, por una parte, que el derecho a la formación religiosa y moral acorde a las convicciones de los padres no es de protección directa, sino a través de la protección de otros derechos como la libertad de cátedra, la neutralidad ideológica de los centros públicos, etc., y además tiene como límite el derecho de los menores a recibir una educación integral. (Sentencia 260/1994, de 3 de octubre de 1994); y por otra, que el derecho a la subvención no se recoge como un derecho fundamental, sino supeditado al desarrollo en una ley que deberá contener exigencias de respeto a los principios constitucionales de igualdad, no discriminación, efectividad del disfrute de los derechos… (Sentencia 86/1985 de 10 de julio), añadiendo esta última que “… siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”.

Para USTEA, esta situación no responde más que a una batalla política e ideológica, pues no tiene sentido ninguno que la escuela concertada se sienta amenazada por un texto que no pone en peligro, en absoluto, la existencia de los centros concertados. No solo eso, la LOMLOE no servirá para poner freno a la tendencia de incremento de los conciertos. Hay que recordar que fue el PSOE quien abrió la puerta a esta forma de privatización con la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación de 1985 (LODE) y que fue también el PSOE quien vino a consolidar la subvención con fondos públicos de centros privados al eliminar en la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 el carácter subsidiario de los centros “concertados” respecto de la educación pública. Ni este elemento, ni el artículo 108 de esta misma Ley, por el que se establece que “la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados”, serán modificados por la LOMLOE, por lo que no impedirá ni acotará, de ninguna de las maneras, las políticas privatizadoras y de extensión de los conciertos que las Comunidades Autónomas quieran desarrollar, como sin duda está pasando en el caso de Andalucía.

Lo cierto y verdad es que la concertada no deja de crecer en nuestra comunidad. Los y las que ahora gritan contra el supuesto ataque a la “concertada” deberían estar celebrando que, un año más, los datos objetivos les sigan otorgando un incremento del peso de estos centros privados en el conjunto del sistema educativo andaluz. Si observamos los datos publicados por la unidad estadística de la Consejería de Educación y Deporte, desde el curso 2015/16 hasta el 2020/21 se han suprimido, entre segundo ciclo de educación infantil y primaria, 2.127 aulas, de las cuales 2.050 eran públicas y sólo 27 concertadas. Todo ello en un periodo en el que se ha producido un descenso de 39.089 alumnos y alumnas en el conjunto de estas etapas. Los datos hablan por sí solos: el descenso de la natalidad lo asume la escuela pública en exclusiva, lo que supone que el porcentaje de unidades privadas subvencionadas aumente mientras disminuye el de aulas públicas. La tendencia es de un incremento del peso global de educación privatizada en el conjunto del sistema educativo de Andalucía y la LOMLOE no va a ser el instrumento que permita revertirla ni desbancar al Estado Español del ranking de los países de toda Europa con más centros privados en la red de educación.

La situación es especialmente preocupante en los grandes núcleos urbanos, ya que la concertada no tiene ningún interés en ocupar zonas rurales, donde la rentabilidad de su negocio no estaría asegurada. Así, en ciudades como Granada y Cádiz la pública ya representa menos del 40% del total de aulas. En las ciudades medias andaluzas el paradigma del fenómeno sería Baena o Linares, donde la concertada ya predomina ampliamente sobre la pública. esta forma de implantación en el territorio viene a desmentir, además, el mito de que la enseñanza privada concertada es más barata y eficiente que la pública. En situaciones análogas (por ejemplo un aula pública y otra concertada en una gran ciudad) el coste es similar. Lo que encarece sobremanera el servicio público es atender al medio rural y los territorios socioeconómicamente  marginales. Ahí la privada ni está ni se la espera: No es negocio. 

Por si todo esto fuese poco, las políticas del gobierno andaluz no vienen más que a profundizar y a  acelerar esta tendencia. Al nuevo decreto de escolarización que provocó una huelga a la que se sumó toda la comunidad educativa de la escuela pública, hay que añadir la nueva normativa que se pretende aprobar sobre las normas para acogerse al régimen de conciertos educativos, que abre la puerta para extender la privatización en las etapas de FP y Bachillerato, materializando así los acuerdos de gobierno con la extrema derecha. Es absolutamente indignante que la privatización sea la solución al daño provocado por años de deterioro y falta de inversión en la Formación Profesional de la escuela pública, en la que no se ha generado una oferta de plazas suficiente. Además, en el último acuerdo para los presupuestos de 2021 entre PP, Cs y VOX se estipula ya una partida económica para aumentar los conciertos en estas etapas, partida que será aumentada en 2022.

Pero, ¿por qué rechazamos en USTEA los conciertos educativos? Los datos sobre las consecuencias de la extensión de los conciertos y de las políticas de fomento de la “libre elección de centro” son demoledores. El llamado “modelo madrileño”, hacia el que nos dirige el gobierno andaluz, ha provocado que esta comunidad sea el territorio de la Unión Europea con más segregación escolar por motivos socioeconómicos, tan solo superada por Hungría, duplicando, además, el número de centros gueto con respecto a la media estatal, con un incremento de más del 35% en los últimos años. La mal llamada “libertad de elección” no es más que la libertad de segregación y uno de los motores de las desigualdades educativas. Sin ir más lejos, la propia OCDE, en su informe “calidad y equidad en la educación”, asegura que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede resultar en segregación según competencias académicas y entornos socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”. Así mismo, un estudio elaborado por la Universidad de Valencia concluye que las políticas de libre elección hacen emerger “las desigualdades sociales inherentes al proceso de elección escolar por barreras económicas”.

Unido a lo anterior, el modelo de privatización a través de la subvención con fondos públicos supone una precarización del trabajo docente. Es un hecho que en muchos de los centros educativos de carácter religioso no se respetan los derechos fundamentales de los y las trabajadoras, al sufrir éstos discriminación por razones de credo o incluso orientación sexual, además de sufrir una mayor precariedad laboral. 

Por todo ello, en USTEA creemos que es fundamental luchar por anteponer la concepción del derecho a la educación como un derecho fundamental y no como un derecho de consumo, como un derecho de elegir según la lógica neoliberal. Defendemos y luchamos por una escuela 100% pública de todos y todas para todos y todas, como única manera de garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad para el conjunto de la población y así contribuir a la construcción de una sociedad verdaderamente más libre.

Andalucía, 30 de noviembre de 2020