El nuevo decreto de admisión recién aprobado y que regulará el proceso de escolarización que empieza hoy, sigue siendo una amenaza para la escuela pública, por lo que USTEA mantiene su más rotundo rechazo a esta norma por considerarlo un ataque directo y sin tapujos a la educación pública y al papel del sistema educativo en la cohesión social.

En efecto, tras el polémico decreto aprobado hace apenas un año y que nos condujo hacia una huelga convocada por el conjunto de la comunidad educativa de la educación pública, sin excepciones, hoy se inicia un proceso de escolarización regulado por un nuevo decreto que modifica el anterior. Esta modificación, se argumenta desde la administración andaluza, ha sido necesaria para adaptar esta normativa a la nueva Ley de Educación, conocida como LOMLOE. 

Sin embargo, este decreto sigue manteniendo todos aquellos elementos políticos que profundizan en un modelo educativo altamente mercantilizado, como queda latente al mantener el concepto de “demanda social”, a pesar de que éste ha sido retirado de la Ley de Educación, y al legislar, sin tapujos, a favor de la mal llamada “libertad de elección de centro de los padres”, manteniendo una discriminación positiva hacia los centros privados sostenidos con fondos públicos. Desde USTEA entendemos, por tanto, que nada ha cambiado sustancialmente y que la normativa de admisión en Andalucía constituye un ataque frontal y sin tapujos a la educación pública de nuestra comunidad, con la única intención de seguir profundizando en la senda, ya ampliamente transitada con el anterior gobierno, de la privatización a través de la financiación con fondos públicos de la enseñanza. 

Esta modificación del decreto mantiene intacto el punto que hace referencia a que  “las áreas de influencia se configurarán de forma que las familias tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo”, lo que implica un aumento de facto de las zonas de influencia de los centros privados – concertados. Además, se pierde una excelente oportunidad para la reducción de la ratio en nuestras aulas, un factor imprescindible para la mejora de la calidad de la educación, lo cual no resulta extraño si tenemos en cuenta que la Administración educativa incumple sistemáticamente por exceso las actuales. Además, se sigue sin apostar por una educación plenamente inclusiva para el alumnado NEAE, ya que se sigue manteniendo el criterio por el cual la consejería determinará aquellos centros que dispongan de recursos específicos para la escolarización de este alumnado, en lugar de dotar de esos recursos a los centros donde éste alumnado le corresponda matricularse, lo que supone atentar contra la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación y la creación de guetos educativos, anteponiendo criterios de eficiencia económica.

USTEA quiere insistir en que los estudios internacionales concluyen que las políticas de libre elección de centro incrementan la segregación del alumnado en función de su origen y clase social y acelera la estratificación social de las escuelas y las diferencias de calidad entre ellas.

Además, como organización sindical denunciamos que estas políticas encaminadas a favorecer a los centros privados, subvencionados con fondos públicos, conllevarán un aumento de la precariedad laboral del sector docente, además de menores garantías de libertad de cátedra ya que solo una educación pública, con un profesorado amparado bajo la figura del funcionariado, puede garantizar la independencia del mismo y así prevenir el adoctrinamiento.

Ante las políticas que el Gobierno Andaluz está llevando a cabo, exigimos que, de una vez por todas se abandonen las pretensiones privatizadoras sobre la educación pública andaluza. Reclamamos políticas encaminadas a conseguir un sistema educativo público inclusivo, de calidad y que ofrezca las mismas oportunidades a todos y todas, lo que, sin duda, no se conseguirá mediante la privatización y la ejecución de políticas que mercantilizan un derecho fundamental, fomentando la segregación escolar y la proliferación de centros gueto. La Consejería de Educación y el gobierno andaluz tiene que enfrentar los verdaderos problemas de la educación pública de nuestra comunidad, abandonando sus actuales políticas y no cediendo al chantaje de la extrema derecha que quiere hacernos creer que lo que necesitan nuestras escuelas e institutos es un aberrante veto parental.

Andalucía, 2 de marzo de 2021