El acuerdo firmado en el día de ayer, en un ceremonioso acto, entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y CCOO constituye un hecho de extrema gravedad para la Educación Pública andaluza.

En primer lugar, el aumento de plantilla reflejado en el acuerdo irá destinado, tal y como expresó el Director General de Planificación Educativa, a “garantizar que la ratio no exceda de 25 y 30 en primaria y secundaria respectivamente”, es decir, a que no se supere la ratio máxima legal. Además, este ajuste a una legalidad “pre-covid”, que supone reconocer, de facto, que existen cientos o miles de aulas masificadas ilegalmente, tan solo ocurrirá hasta 2º curso de la ESO y no se garantiza más allá del 31 de diciembre, por lo que el pacto solo significa un compromiso de cumplir la legalidad de manera temporal y mirar hacia otro lado ante la ratio ilegal de 3º de ESO en adelante.

Desde USTEA creemos firmemente que el cumplimiento parcial de la legalidad no es una cuestión sujeta a negociación. La administración está obligada a cumplir de forma completa la normativa vigente y un acuerdo de estas características tan solo sirve para avalar, por parte de algunas organizaciones sindicales, una práctica ilegal para la que se ha buscado una solución en falso: disfrazada de oferta de ampliación de plantillas tratan de resolver un ilícito incluyendo como personal de refuerzo lo que era una carencia y un abuso, incorporando a esta oferta de fin de verano una buena cantidad de docentes ya comprometidos para otros menesteres. Toda esta situación ha puesto de relieve lo que USTEA viene denunciando ampliamente durante los últimos años: la ratio ilegal no sólo merma la calidad educativa, sino que destruye empleo público, suponiendo además, en las actuales circunstancias, un peligro para la salud de la comunidad educativa. También ha sido uno de los motivos fundamentales de la huelga educativa del 18 S, que tanto esfuerzo supuso para tratar de reunir la mayor unidad de acción posible entre las organizaciones sindicales y sociales, una convergencia muy fatigosa con una parte de los ahora firmantes del acuerdo y directamente imposible con el resto de signatarios, ninguno de los cuales tiene el más mínimo pudor para atribuirse la pírrica conquista.

Por otro lado, la firma de este acuerdo supone transigir con unas prácticas oscurantistas, poco transparentes y ciertamente aberrantes por parte de la administración. Durante todo el proceso de “negociación” la administración ha ocultado información precisa y relevante para poder valorar las ofertas y las cifras puestas sobre la mesa. Todo se ha basado en un dantesco regateo de cifras, sin presentar en ningún caso los prometidos estudios sobre la incidencia real de esas contrataciones sobre la ratio, sin poner encima de la mesa un análisis de las necesidades del sistema educativo en esta situación de pandemia para poder implementar las medidas de seguridad y sin dar información sobre el estado real de la situación de las ratios en nuestras aulas, por no mencionar el ocultamiento deliberado sobre la supresión de unidades públicas, siendo este el único año desde hace mucho tiempo en el que esa información no aparece publicada en BOJA. A todo ello se le suma la indecente práctica del regateo y del chantaje, intentando la administración cerrar el acuerdo con cifras significativamente menores a las finales y estableciendo la premisa del “o firmáis esto o no ponemos nada”. Para USTEA es inadmisible y vergonzoso que se haya regateado sobre la base de la seguridad y la salud de la población. En una situación como la actual los poderes públicos tienen la obligación de poner todos los recursos disponibles sobre la mesa y no priorizar el ahorro económico y la necesidad de un acuerdo que mejore la imagen política de una consejería cargada de polémicas.

Atrás quedaron las buenas intenciones de “no dejar a nadie atrás”. Con este acuerdo, paradigma del sindicalismo de pesebre, se le da un balón de oxígeno al Gobierno Andaluz y a una Consejería de Educación que no han hecho más que atacar a la educación pública desde su entrada en el poder. A su más que evidente hoja de ruta de privatización y deterioro intencionado de los servicios públicos y extensión de los conciertos educativos, a su negativa a garantizar los recursos para el alumnado NEAE, etc., ahora hay que sumar la incapacidad y escasa voluntad política de implementar los recursos necesarios en la educación pública andaluza para que, en medio de una pandemia global, estén garantizados los derechos a una educación pública de calidad y a la salud y seguridad sanitaria de toda la población andaluza.

Por tanto, este acuerdo no supone un cambio significativo sobre las insuficientes propuestas de la administración que nos llevaron a la jornada de huelga del día 18 de septiembre, por lo que desde USTEA seguiremos reivindicando y luchando por el cumplimiento escrupuloso de la ratio legal en todos los niveles y sin fecha de caducidad, el refuerzo de las plantillas necesario para garantizar la distancia interpersonal recomendada por la autoridades sanitarias, la reducción drástica de la ratio en Educación Infantil al ser grupos en los que no se usa la mascarilla, así como la protección del personal vulnerable a la exposición al Covid-19 y la defensa de la escuela pública frente a las tendencias privatizadoras.

Por todo ello, desde USTEA hacemos un llamamiento a las organizaciones sindicales firmantes de este infame acuerdo a que reconsideren su postura y se unan a la lucha por la salud de toda la Comunidad Educativa y para garantizar el derecho a una Enseñanza Pública de calidad para todos y todas. Hacemos un llamamiento a la unidad de todas las organizaciones sindicales, movimientos sociales, familias y organizaciones estudiantiles para iniciar un proceso de movilización que conduzca hacia una jornada de huelga hacia finales de octubre o la primera semana de noviembre, la cual debe ser construida de manera plural, entre todos y todas.

Es el momento de la unidad y de la lucha de la escuela pública frente a las políticas de austeridad que ponen en riesgo la salud tanto del alumnado, como de docentes y familias. USTEA no comparte las convocatorias unilaterales de movilizaciones o huelgas porque pensamos que los trabajadores y trabajadoras docentes no entienden de estrategias divididas cuando nos enfrentamos a un enemigo común. Esperamos, no obstante, que dichas convocatorias al menos sirvan para mejorar las condiciones de una movilización unitaria más amplia que sea capaz de arrancar la victoria.