Antecedentes legales:

El número de alumnos/as por grupo o unidad escolar es una cuestión clave para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación de los más pequeños.

Hasta el año pasado, la ejecutiva de Susana Díaz metía a más alumnos/as en las aulas de lo que marca la LOE/LOMCE. Pero lamentablemente para la población en general y afortunadamente para el anterior partido en el gobierno, esta masificación contaba con la cobertura legal del artículo 2 de Real Decreto de recortes educativos.

Sin embargo, este año comenzamos el curso con la derogación parcial del Real Decreto de recortes educativos, por lo que la anterior política de escolarización que masificaba las aulas por encima de leyes orgánicas, pasó a situarse fuera de la norma y a no tener cobertura legal. Pese a ello, el actual ejecutivo de las tres derechas que gobiernan la Junta de Andalucía, con el Consejero Javier Imbroda al frente, continuó aplicando la misma política de escolarización como si nada hubiera cambiado.

USTEA denuncia la situación:

Es por ello, por lo que desde el sindicato USTEA comenzamos a realizar una campaña por la legalidad de las ratios ya desde el mes de junio. Hasta la fecha, hemos detectado más de 700 unidades en toda Andalucía y cerca de 200 sólo en la provincia de Granada masificadas por encima de la norma. Si bien la LOE/LOMCE permite una subida excepcional de las ratios del 10% para garantizar la escolarización del alumnado de incorporación tardía (matriculación tardía o movilidad de la unidad familiar en periodo extraordinario), lo que ocurre es que la planificación de los grupos, ya incluso desde el mes de abril del curso pasado, incluía ese incremento 10% en el número de alumnos/as, por lo que la trampa está en que en realidad no existe para Delegación de Granada una fecha a partir de la cual consideren el comienzo de la incorporación tardía, de manera que muchos grupos comienzan ya masificados de manera irregular desde inicio del curso, poniendo así en riesgo el derecho a la escolarización del alumnado de incorporación tardía que garantiza la ley.

Es por ello por lo que las AMPAS de algunos colegios rurales de la Alpujarra se pusieron en pie de guerra y realizaron una huelga durante tres semanas sin llevar al alumnado a las aulas, huelga que fue secundada por los y las docentes el 1 de octubre. En estos colegios se suprimieron grupos a la par que los que quedaron tenían más alumnos de la que marcaba la normativa.

Un problema que lastra la atención individualizada del alumnado: más de 5.500 alumnos y alumnas afectados

El principal problema de la masificación de las aulas, y por tanto de la masificación ilegal, es la imposibilidad de atender de manera individualizada al alumnado. Según los grupos con masificación irregular detectados por el sindicato USTEA en la provincia de Granada, que son cerca de 200, existen en esta situación más de 5.500 alumnos y alumnas granadinos. Estos alumnos/as están viendo mermadas sus posibilidades de atención educativa debido a que la Consejería de Educación ha realizado una escolarización contraria a la ley, lo que es un auténtico escándalo.

Un problema que lastra empleo público.

Según los cálculos realizados por el sindicato USTEA, la vuelta a la legalidad de las unidades con masificación ilegal detectadas daría lugar a la creación de cerca de 126 unidades sólo en la provincia de Granada. Teniendo en cuenta que cada unidad de infantil y primaria está asociada a la creación de un puesto de trabajo docente y cada unidad en secundaria lo está a 1,7, se están perdiendo en nuestra provincia más de 140 puestos de trabajo docentes. Si a ello sumamos que debido a las instrucciones que modificaron el currículum de primaria, se quedaron en toda Andalucía cerca de 700 maestros interinos e interinas con tiempo de servicio sin vacante, consideramos una auténtica aberración el proceso actual de escolarización tramposa que merma el empleo público docente.

Contencioso administrativo.

Por todas estas razones, desde USTEA Granada hemos reclamado muchas de las unidades señaladas anteriormente. Desde Delegación de Educación de Granada nos han contestado a algunas de ellas con el increíble argumento de que la planificación de los grupos debe ajustarse, no a la Ley Orgánica de Educación, sino a la estabilidad presupuestaria, lo cual es un barbaridad extrema: el cumplimiento de la ley es obligatorio y ninguna adminsitración, para bien o para mal, puede arrogarse el derecho de cumplirla o no.

Es por ello por lo que el día jueves 7 de noviembre, USTEA abrió la vía de un contencioso adminsitrativo con los casos más alarmantes detectados en nuestra provincia, a fin de que la política de planificación educativa de la Consejería y de la Delegación territorial de Granada se ajuste a norma, mejorando así la atención individualizada de nuestros alumnos y alumnas, reduciendo el fracaso escolar y creando los puestos de trabajo necesarios para contrarestar la nefastas políticas educativas del Consejero Imbroda.

Nos movilizamos por la escuela pública

Además, por todo ello, animamos a toda la Comunidad Educativa de la Escuela Pública a secundar las movilizaciones en favor de la escuela pública y especialmente la manifestación que tendrá lugar esta tarde (viernes 8 de noviembre) a las 18 horas desde las puertas de la Delegación territorial de Educación de Granada.