La evidencia científica sobre la transmisión del virus por aerosoles avala la necesidad de dotar a todo el personal de los centros educativos de mascarillas FFP2 o FFP3, a pesar de ello, la consejería de educación no las suministra ni siquiera para el profesorado que trabaja con alumnado sin mascarilla o con intervención directa con alumnado de necesidades específicas.

USTEA exigió en la última mesa sectorial mantenida entre las organizaciones sindicales y la Consejería de Educación que se dotase de EPIs (mascarillas FFP2 o FFP3 en este caso) al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos de nuestra comunidad, recibiendo la negativa como respuesta de la Consejería de Educación en base a una argumentación lamentable y que supone un insulto a cualquier evidencia científica. Concretamente se aludió a que el uso de las mascarillas quirúrgicas es más recomendable.

En USTEA rechazamos rotundamente esta afirmación, que es contraria a cualquier criterio sanitario y científico, incluso a los publicados por el propio Ministerio de Sanidad, y que, además, obvia el hecho de que el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas catalogue a la profesión docente como una actividad de riesgo, algo continuamente negado por las distintas administraciones que, en contra del criterio científico y por razones puramente económicas y de costes, ha mantenido siempre que el riesgo de nuestra profesión ha sido siempre igual al comunitario, es decir, igual al de cualquier otra actividad.

De todo lo recogido en el documento técnico “Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones”, publicado por el Ministerio de Sanidad, se concluye, sin lugar a ningún tipo de duda, que las características y circunstancias en las que se desarrolla el trabajo docente constituyen un incremento del riesgo de transmisión por aerosoles. Al hecho de desarrollar nuestra labor en espacios cerrados con una alta ocupación de personas, hay que añadir que las condiciones de temperatura y humedad que se dan en las aulas, más aún durante estos meses de invierno, son favorecedoras de la transmisión y del desarrollo del virus, circunstancias que se ven agravadas por los altos tiempos de exposición, también recogido como elemento de riesgo en el documento técnico mencionado. En este sentido es importante recordar que desde la Consejería de Educación no se han atendido ninguna de las recomendaciones que en el documento se establecen, ya que ni se han reducido aforos (ratio), ni se han establecidos medios para evaluar las condiciones de ventilación y tampoco se han establecidos las medidas adecuadas para alcanzar condiciones ambientales de temperatura y humedad que permitan minimizar la transmisión por aerosoles.

En cuanto a la utilización de mascarillas para la reducción de los riesgos de contagio por inhalación de aerosoles, el propio documento del Ministerio de Sanidad establece que “el tipo de mascarilla y el ajuste adquiere especial relevancia en el caso de la exposición”, añadiendo que “el ajuste de la mascarilla a la cara es determinante en cuanto a su capacidad de reducción de emisión y exposición al virus”. Especialmente importantes son las referencias a estudios científicos que concluyen que existe, respecto a la probabilidad de contagio, “una reducción mayor asociada al uso de mascarillas FFP2 (N95) comparada con mascarilla quirúrgica o higiénica”.

Por otro lado, otros estudios, también referidos en el documento mencionado, demuestran que la reducción de la incidencia en empleados frente a atención al público no se redujo significativamente cuando el uso de la mascarilla era solo obligatorio para los trabajadores y no para los usuarios. Esto último, unido al hecho de que la reducción de la transmisión no se consigue al 100% con ningún tipo de mascarilla, choca con la negativa a realizar pruebas diagnósticas a los y las docentes, especialmente en infantil, y con la negativa de la administración a establecer medidas reales de protección para el personal especialmente sensible o vulnerable frente al Covid-19.

Por todo ello, desde USTEA consideramos del todo inaceptable, ante tales evidencias científicas, que desde la Consejería de Educación no se atiendan nuestras reivindicaciones de dotar de mascarillas de FFP2 o FFP3 para todos los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos y de protección real del personal vulnerable. Sin duda, la administración educativa está priorizando medidas de ahorro y contención del gasto en detrimento de la protección de sus trabajadores y trabajadoras, lo que, en la actual situación de pandemia, supone un aumento del riesgo para el conjunto de la sociedad.