Las deficiencias en el desarrollo de las oposiciones se vienen señalando, desde hace años, por las compañeras y compañeros que forman parte de los tribunales y por quienes se examinan ante los mismos. En USTEA nos hacemos eco y hacemos nuestras estas denuncias que no pueden realizar directamente quienes padecen las condiciones que se describen a continuación, ante la amenaza de represalias por parte de la Consejería. El compañero Ismael Ramos, que formó parte de un tribunal en Granada en 2021, hizo públicas algunas de estas deficiencias y ha sido sancionado por ello. Condenamos rotundamente la persecución al compañero y nos ponemos a su disposición para afrontar las consecuencias de la represión a la libertad de crítica que padece.

Nos encontramos en pleno proceso de oposiciones a los cuerpos docentes de Secundaria, FP, Artísticas y Régimen Especial y, como cada año, se ponen de relieve los muchos problemas derivados de la forma en la que están concebidos estos procedimientos en su concepción y en su propio desarrollo. No nos cansaremos de denunciar la injusticia que suponen unas oposiciones entendidas como una prueba memorística que no puede valorar el desempeño docente, la ausencia de temarios oficiales, la subjetividad en la corrección, el papel de academias y entidades privadas en la preparación de las pruebas y en la obtención de puntuación por méritos de formación de las personas participantes y otros aspectos que habría que repensar profundamente. Por supuesto, hay que señalar que es el sistema de acceso el principal causante de la temporalidad y la precariedad docente y exigimos, una vez más, el establecimiento de la doble vía de acceso o acceso diferenciado para el personal interino. Pero más allá de todo esto, hay aspectos concretos que deben mejorarse urgentemente, relacionados con la forma en la que se desarrolla el procedimiento.

Este año, por primera vez y debido a las persistentes quejas sobre la falta de transparencia y equidad, las personas que participan en las oposiciones han podido solicitar una copia de su prueba escrita. Es un paso positivo, pero queda mucho trabajo por hacer en este sentido: publicación de las plantillas de corrección de cada cuerpo y especialidad, posibilidad de revisión de la corrección, puesta a disposición del personal opositor de los recursos humanos y el material fungible y no fungible necesario para el desarrollo de las pruebas, como el acompañamiento en las pruebas de música o el maquillaje en las de la especialidad de estética, por ejemplo.

En relación con quienes forman parte de los tribunales, el modelo de oposiciones actualmente vigente somete a las compañeras y compañeros que forman parte de los mismos a unas condiciones de trabajo indignas y lo que es aún más grave, supone una dificultad añadida para quienes participan en estos procedimientos.

En primer lugar, las jornadas laborales de los tribunales superan con creces las 37,5 horas semanales, pudiendo llegar fácilmente a las 60, debido a lo ajustado del calendario y al elevado volumen de pruebas a corregir. Y es que, a pesar de que en el proceso selectivo que está en marcha la Administración se comprometió a bajar la ratio de cada tribunal, el número máximo de personal opositor establecido (85) sigue siendo a todas luces excesivo. Además, quienes forman parte de los tribunales y tienen concedida medidas de conciliación familiar durante el curso escolar, no pueden acogerse a las mismas durante el proceso de oposición. Si a todo ello añadimos que la herramienta informática con la que han de trabajar no está respaldada adecuadamente por servidores y colapsa con frecuencia, los niveles de estrés a los que se ven sometidas estas compañeras y compañeros alcanzan cotas muy elevadas. Las maratonianas jornadas de trabajo durante la corrección de las pruebas no ayudan a que ésta se realice en las condiciones óptimas que merecen quienes se examinan.

La corrección de las pruebas escritas y el desarrollo de las pruebas orales se realizan en centros educativos en los que, como ya sabemos, la climatización es más que deficiente o directamente inexistente. En estos días, Andalucía sufre una ola de calor que ha provocado la declaración de “aviso rojo” por la AEMET, debido a las temperaturas extremas, que exceden los 40ºC, en el valle del Guadalquivir; “aviso naranja” en las provincias de Huelva, Jaén, norte de Córdoba y Sevilla e interior de Cádiz; “aviso amarillo” en las costa gaditana y el arco bético. Hasta hace unos días, estas condiciones las sufría todo el alumnado y el profesorado andaluces, ahora son tribunales y personal opositor quienes padecen las deficiencias estructurales de los centros educativos. Es de la máxima urgencia la aplicación real y completa de la Ley de Bioclimatización de centros educativos, como tendrá ocasión de comprobar el conjunto de la población andaluza el 23 de julio, durante la jornada electoral.

A las desmesuradas sesiones de corrección, en edificios no acondicionados para la climatología de Andalucía, hay que añadir la deficiente compensación económica que reciben los tribunales. Las cuantías económicas en concepto de asistencias están vinculadas al número de plazas ofertadas y no al trabajo real que cada tribunal desempeña. Además, son conformes a una normativa más que alejada del coste actual y real de la vida (Decreto 54/1989), por no mencionar que aquellos miembros cuyo centro de servicio se encuentre en la misma localidad que la sede de actuación del tribunal no tienen derecho a compensación en concepto de dieta, teniendo que asumir el coste por su cuenta o desplazarse a su domicilio para almorzar y volver al tribunal. Por trivial que parezca, esto último supone en muchas ocasiones, y especialmente en las capitales, atravesar ciudades embotelladas y retrasar considerablemente el fin de la jornada del tribunal, debido al tiempo empleado, además de aumentar el estrés asociado.

Por eso demandamos mayor consideración por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP para con sus trabajadoras y trabajadores, en concreto:

• Ampliación y profundización de medidas que garanticen transparencia y equidad en los procesos de oposición

• Aplicación real y completa de la Ley de Bioclimatización de centros educativos y, mientras esto sucede, acondicionamiento de las sedes de los tribunales para el desarrollo en condiciones dignas de las pruebas de oposición docente
• Bajada de ratio (número de personas que participan en el proceso selectivo) por cada uno de los tribunales
• Actualización de las cuantías económicas de compensación y vinculación de las mismas a la carga real de trabajo, no al número de plazas convocadas
• Abono de manutención a todos los miembros de los tribunales para jornadas de trabajo que superen las 6 horas de duración

¡Por unos procesos de oposición justos, transparentes y con garantías para todas las compañeras y compañeros docentes que participan en ellos!

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