El gobierno de Moreno Bonilla ha decidido devolver 119 millones de euros de los fondos Next Generation que habían sido asignados a Andalucía por el Ministerio, dentro de una partida de 123 millones para la creación de 12.000 plazas públicas de Educación Infantil. El argumento esgrimido por el gobierno es defender “el modelo educativo del primer ciclo de educación infantil implantado en Andalucía”, es decir, para proteger la red de centros privados concertados.

En Andalucía, el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) está abrumadoramente en manos de empresas privadas. En este nivel educativo, solo el 36´5% del alumnado está matriculado en centros públicos, muy lejos del resto de comunidades autónomas, en las que este porcentaje está en torno al 50% y de la media estatal que es del 53´5%. En comunidades como Asturias, Extremadura o Navarra el porcentaje de alumnado de primer ciclo de Infantil matriculado en centros públicos supera el 80% del total. La creación de 12.000 plazas públicas de Educación Infantil de primer ciclo hubiera supuesto que Andalucía se acercara, sin alcanzarla, a la media estatal, pasando a un porcentaje de plazas públicas del 43%.

La tasa de escolarización de menores de 3 años en Andalucía está en torno 55%, mientras que este porcentaje se dispara hasta superar el 95% a partir de esa edad y alcanza prácticamente el 98% a los 5 años, en el curso inmediatamente anterior al inicio de la etapa de educación obligatoria. Sin duda, uno de los factores que explican esta diferencia, es que a partir del segundo ciclo de Educación Infantil el porcentaje de alumnado en centros públicos supera el 75% del total y sigue siendo así en Primaria, ESO y Bachillerato.

Con los datos anteriores, es evidente que la ampliación de la red pública en el primer ciclo de Educación Infantil no solo acercaría los datos andaluces a la media estatal y a las del resto de comunidades autónomas, sino que impulsaría la escolarización temprana, un factor que recorta la brecha social en niveles educativos posteriores y mejora el rendimiento académico y personal, según los consensos académicos y profesionales.

Sin embargo, el gobierno andaluz fue el primero en rechazar inmediatamente los fondos europeos asignados por el Ministerio en noviembre de 2021. Más tarde, se decidió aceptarlos, con la idea de renegociar el destino de los mismos para poder emplearlos en concertar plazas privadas y así acercarse a su promesa de “gratuidad” de la Educación Infantil. Finalmente y tras haber gastado solo 4 millones en financiar escuelas infantiles municipales, impulsadas por ayuntamientos, Andalucía devuelve 119 millones, tras el acuerdo alcanzado con la patronal del sector. Este acuerdo incluye también el aumento de un 14,74% de los precios del comedor, hasta alcanzar los 92 euros que serán asumidos por las arcas públicas, por lo que se trata de un aumento indirecto del concierto de esta etapa educativa.

USTEA considera que esta es una muestra más de la política educativa del gobierno de la Junta que tiene como principal objetivo el impulso del negocio de la enseñanza privada en detrimento de la Educación Pública. En esta misma línea, desde que gobierna Moreno Bonilla se han suprimido 1.943 aulas públicas de Infantil y Primaria en los colegios andaluces y el próximo curso se recortarán otras 600, según los datos recabados durante el proceso de escolarización que está a punto de terminar.