Los servicios públicos son el conjunto de actividades reservados o exigidos a las administraciones públicas y que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento de una sociedad, favoreciendo, en última instancia, la realización efectiva del desarrollo personal, económico, la igualdad y el bienestar social. Estos servicios suelen ser servicios esenciales. Desde USTEA siempre hemos luchado por la defensa de unos servicios 100% públicos, ya que entendemos que aspectos tan relevantes como sanidad, educación, servicios sociales, etc., no pueden estar sujetos a las lógicas de la rentabilidad económica que imperan en el sector privado.

Con la actual crisis sanitaria derivada del coronavirus queda más que evidenciada la trascendencia de que un Estado esté dotado de unos servicios públicos sólidos, con capacidad de respuesta y con una estructura 100% pública, sin criterios de gestión privada ni injerencias de intereses de empresas privadas. Esta es la postura que desde este sindicato siempre se ha defendido respecto a la cuestión de lo público, precisamente por entender la trascendencia social de estos elementos. Sería del todo inaceptable, que mientras la sanidad pública colapsa en las zonas más afectadas, teniendo déficit de materiales y espacios para atender a pacientes e incluso para proteger al propio personal sanitario, a la sanidad privada, aquella que ha engordado en los últimos años como consecuencia de las políticas de recortes, no se le exigiera absolutamente nada respecto de esta crisis de salud pública de dimensiones históricas. Por ello celebraremos todas aquellas medidas que exijan a la sanidad privada a poner todos sus recursos a disposición de las autoridades sanitarias y de los y las afectadas, a fin de que esta crisis no galope sólo a lomos de la ya castigada sanidad pública.

Además, queremos solidarizarnos con todo el personal sanitario que, tras años de políticas de austeridad y de recortes en sanidad se están enfrentando a esta situación con unos recursos y medios que, como ya se está denunciando desde algunas organizaciones del sector, son precarias y ponen en riesgo la calidad del servicio, así como la salud de profesionales y pacientes.

Mientras tanto, organismos como el FMI, siguen en su tónica habitual: dejar caer el peso de la situación sobre las espaldas de las y los trabajadores mientras piden medidas para que el gran capital no pierda beneficios. Las recomendaciones de este organismo son del todo inaceptables. Tras presionar y hostigar a los estados para que privatizasen, liberalizasen y redujesen los servicios públicos, para así trasladarlos a la parcela de los mercados y del negocio privado, ahora piden más gasto sanitario, para así controlar una situación que puede afectar a los beneficios empresariales, al tiempo que solicitan estudiar medidas fiscales tales como el aumento del IVA mientras se promueven exenciones fiscales para el capital. Por supuesto, también se habla de mantener un mercado laboral flexible ante una situación como la actual, insinuando de esta manera que las reformas laborales no deben ser derogadas.

Ya en el ámbito educativo, en estos días se han venido recibiendo diversas instrucciones en los centros. Para USTEA ha sido del todo contradictorio que, al tiempo que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, restringía sus reuniones de trabajo y se daban indicaciones de no realizar este tipo de reuniones presencialmente en el ámbito de toda la administración, al profesorado se le seguía exigiendo que acudiese diariamente a sus centros y siguiese ejerciendo su trabajo en un aula donde en algunos casos se superan los 35 alumnos y alumnas. Todo ello al tiempo que desde las autoridades sanitarias se considera a los menores como un “vector de contagio”.

Por otro lado, en la guía para escuelas remitida el 9 de marzo, se recoge lo siguiente: “se recomienda a los centros educativos asegurar una limpieza diaria haciendo especial hincapié en las superficies de manipulación frecuente”. Desde USTEA queremos denunciar públicamente que, precisamente por las políticas de recortes, son infinidad los centros educativos en los que existe una deficiencia de personal de limpieza (servicio ampliamente externalizado, lo que conlleva unas condiciones laborales muy precarias para estas trabajadoras y trabajadores), por lo que los centros difícilmente habrán podido responder con garantías a esta exigencia, ante una situación tan delicada y de tanta gravedad como la generada.

Ante las instrucciones recibidas al respecto de la suspensión de la actividad docente, quedan muchas preguntas en el tintero que son de vital importancia para los y las trabajadoras de la educación andaluza. Al igual que en la Comunidad de Madrid, no queda claro si el personal docente en general debe asistir al centro de trabajo o no. Teniendo en cuenta las infecciones recientes de personal docente en otras comunidades, esta ambigüedad es una irresponsabilidad que pone en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras. Es por ello por lo que ante la emergencia sanitaria a la que estamos asistiendo y ante el peligro de exposición al virus del personal de los centros educativos, no tiene ningún sentido dejar ninguna de las tareas que se realiza en estos centros como atención presencial. Desde hace tiempo nos vienen obligando al personal docente a realizar tareas telemáticas-burocráticas desde casa, por lo que no tendría sentido que en esta ocasión nos obligarán a hacer lo mismo desde el centro educativo, poniendo así en riesgo nuestra salud. 

Por otro lado, bajo ninguna circunstancia entendemos que se deba continuar con la actividad administrativa de forma presencial, ni siquiera para los trámites de escolarización tal y como se indica en la instrucción quinta. No es admisible que se obligue al personal de administración y servicios a atender al público, poniendo en riesgo su salud, más aún cuando se ha suspendido la atención al público en numerosos ámbitos de la administración. En ese sentido exigimos que se paralice el periodo de escolarización hasta que las circunstancias permitan realizarlo en condiciones seguras tanto para profesionales como para usuarios. Hemos de recordar que la brecha digital es un elemento real que no permitiría la realización adecuada de este trámite para toda la población afectada. Todas las medidas deben de ir encaminadas a proteger la integridad de los miembros de la Comunidad Educativa.  

Por tanto, pedimos claridad acerca de la no asistencia a los centros de todo el personal, docentes y no docente y exigimos que se paralice el proceso de escolarización. De no cumplirse las debidas garantías que protejan a los y las trabajadoras, desde USTEA hacemos un llamamiento a todas las demás fuerzas sindicales y a los claustros a hacer cumplir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, así como el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de forma que se permita abandonar el puesto de trabajo en aquellas situaciones en las que, como en la situación actual, el riesgo para la salud es grave e inminente.