USTEA alerta del grave malestar docente en Andalucía y el deterioro de la educación pública

Desde USTEA hemos realizado, junto al sindicato estatal STES, más de 13.000 encuestas al profesorado que ponen de relieve los graves problemas de ratios, la sobrecarga laboral y el clima conflictivo en las aulas de la enseñanza pública andaluza.

USTEA, junto a la Organización Sindical Docente Estatal (STES), los resultados correspondientes a Andalucía del macroestudio estatal sobre las causas del malestar docente, un trabajo que pone de manifiesto el progresivo deterioro del clima de convivencia y de las condiciones laborales en los centros educativos públicos andaluces.

El estudio, realizado durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, se basa en miles de encuestas realizadas al profesorado de enseñanzas públicas no universitarias de todo el Estado. En el caso de Andalucía, los resultados reflejan una realidad especialmente preocupante, con indicadores que confirman un escenario de creciente dificultad para el desarrollo de la labor docente, en muchos casos por encima de las ya alarmantes medias estatales.

Según los datos que manejamos, el 85,23 % del profesorado andaluz valora el clima de trabajo en el aula como conflictivo, una cifra muy elevada si se compara con el dato estatal, donde el 82,62 % del profesorado califica el clima de trabajo como conflictivo o complicado.

Asimismo, el 89,02 % de las y los docentes considera que desde la Administración andaluza no se está apostando por la educación pública, lo que refuerza la percepción generalizada de abandono institucional que sufre el profesorado.

El estudio señala además que el 80,87 % del profesorado andaluz afirma no disponer de los recursos necesarios en el aula ni en el centro, una carencia que dificulta gravemente la atención educativa a un alumnado cada vez más diverso y que se sitúa en línea con una problemática que afecta al conjunto del Estado.

En relación con las ratios, el 92,90 % de las y los docentes en Andalucía considera que las ratios actuales no permiten atender adecuadamente al alumnado, un dato que incluso supera la ya muy elevada media estatal, situada en el 91,83 %.

A esta situación se suma una sobrecarga laboral creciente: el 82,57 % del profesorado andaluz afirma sufrir un exceso de jornada laboral. Igualmente, el 95,88 % considera que existe un exceso de burocracia que le quita tiempo a la labor docente y al trabajo educativo directo con el alumnado, una percepción prácticamente idéntica a la del conjunto del Estado, donde el 95,74 % del profesorado denuncia una burocracia asfixiante.

Denunciamos que “la burocracia está devorando el tiempo que debería destinarse a enseñar, preparar clases y acompañar al alumnado” y alertamos de que esta situación es insostenible a medio plazo.

Advertimos de que este contexto tiene un impacto directo en la salud física y emocional del profesorado. Esta percepción se enmarca en un contexto estatal en el que el 83,15 % del profesorado afirma percibir un incremento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado, y el 76,66 % detecta un aumento de las agresiones por parte de las familias, datos que ayudan a comprender la dimensión estructural del problema.

La normalización de estas condiciones está generando un desgaste profesional creciente, con consecuencias directas en el aumento de bajas laborales y en la pérdida de atractivo de la profesión docente.

Los datos del estudio evidencian que el malestar docente en Andalucía no es un fenómeno puntual, sino el resultado de decisiones políticas continuadas que mantienen plantillas insuficientes, ratios elevadas, falta de recursos, exceso de burocracia y ausencia de reconocimiento profesional, en un contexto que ya es crítico a nivel estatal.

Por todo ello, exigimos a la Junta de Andalucía la adopción de medidas urgentes y estructurales que pasen por una apuesta real por la educación pública, la reducción de ratios, el aumento de plantillas, la simplificación burocrática y la mejora de las condiciones laborales y salariales del profesorado, para evitar un deterioro aún mayor del sistema educativo público andaluz.

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