La oferta de plazas que ya está enviando la Delegación Provincial de educación a los centros educativos para el próximo año supondrá la eliminación de un importante número de clases de la red de centros públicos de la provincia de Sevilla.

Tal y como hizo el año pasado, la Consejería de Educación plantea una oferta de plazas muy por debajo de la demanda real conforme a los datos municipales de empadronamiento. Así, el bajo número de plazas ofertadas en los centros públicos disuade a las familias de solicitarlos como prioritarios, ante el temor de no obtener plaza en ellos. De este modo, se conseguirá nuevamente que tanto la matriculación como el número de grupos del próximo curso sea inferior al que corresponde a la población escolar real del entorno de los centros. La eliminación de grupos supone, además, una pérdida de recursos materiales y humanos para los centros. Al mismo tiempo, el alumnado de las clases que sí se mantienen superará con frecuencia el límite legal, por encima de la ratio máxima que establece la normativa vigente.

Si la masificación de las aulas y las ratios abusivas ya eran una grave dificultad para el buen desarrollo del proceso educativo, en la nueva situación generada a raíz de la crisis sanitaria representan un claro peligro para la salud de toda la comunidad educativa y de toda la población.

Conforme a los datos que hemos recabado, la oferta de plazas provocará esta eliminación de clases y masificación de aulas en muchos de los pueblos y ciudades de la provincia de Sevilla. Éste es el caso de diferentes distritos de la capital, Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira Morón o Écija, entre otras. El caso de Mairena del Aljarafe es especialmente significativo; la Consejería pretende eliminar cinco clases de los colegios públicos del municipio, tal y como han denunciado sus equipos directivos y AMPAs, lo que ya ha dado lugar a movilizaciones.

Estos datos son los que hemos podido recabar con nuestros propios medios, a través de las denuncias de equipos directivos y AMPAs. Ante la falta de datos oficiales y la opacidad de la Consejería, sólo sirven para hacerse una idea de la amplitud del problema en los centros educativos públicos de la provincia de Sevilla.

Frente a las denuncias de USTEA y otras organizaciones sindicales, profesionales y de familias, la Consejería argumenta que la oferta inicial de plazas que estamos conociendo estos días no tiene por qué coincidir con la matriculación final. Sin embargo ocultan que la oferta inicial determina fuertemente la demanda de las familias. Hace un año, ante similares protestas de la comunidad educativa en el periodo de matriculación, la Consejería planteó los mismos argumentos. El resultado fue que se eliminaron 568 clases en centros públicos andaluces, 198 de ellas en la provincia de Sevilla. Este año, todo indica que el recorte será aún mayor.