Asistimos a un nuevo capítulo de la política liberal del gobierno andaluz de privatización y desvío de dinero público hacia las patronales educativas, en detrimento de los centros de titularidad pública, a raíz de la publicación de la autorización y exclusión provisional de centros docentes para el Programa de Unidades de Acompañamiento y de Orientación Familiar y Personal (PUAOFP).

A las medidas privatizadoras, mediante la subcontratación del servicio con empresas externas de la atención educativa al alumnado más vulnerable, aquel con necesidades educativas especiales y al que se encuentra en situación de pobreza de los centros de titularidad pública, iniciado desde comienzos de la legislatura pasada y financiada con los fondos europeos Next Generation asignados a Andalucía (caso de los programas IMPULSA, PROA+ TRANSFÓRMATE o Mentoría Social “Fénix Andalucía”), se le suma una novedad: la inclusión por primera vez de los centros educativos privados-subvencionados con fondos públicos en estos programas.

El  PUAOFP se implementará en los centros públicos y privados-subvencionados de las llamadas zonas ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social), que son determinadas por los ayuntamientos de cada localidad y que adolecen de una actualización real, tras los estragos hechos en los barrios de las localidades andaluzas como consecuencia de la crisis social ocasionada por la financiera-inmobiliaria y por la pandemia que padecemos

Estas son zonas en riesgo de exclusión social, en las que la infancia y la población en general tienen graves necesidades escolares, socioeconómicas y asistenciales de alimentación, vivienda y suministros. Son zonas donde el absentismo supone una gran dificultad y de hecho, el baremo del propio programa asigna como unos de los criterios de selección de centros la tasa de absentismo escolar, junto al porcentaje de alumnado con NEAE registrado en el centro, pero olvida otro factor fundamental que es la tasa de abandono escolar, indicador que es transversal tanto a los centros que pertenecen a zonas ERACIS, como a los adyacentes que están fuera de ellas y que, a pesar de tener necesidades similares, no pueden ser objeto de la convocatoria. 

En este sentido, al no reunir el requisito determinante de estar en las zonas ERACIS, la administración educativa ha dejado sin posibilidad de acogerse al programa a 100 centros públicos repartidos a lo largo y ancho de la geografía de Andalucía, de ellos 3 Colegios Públicos Rurales, mientras que los centros públicos que sí han sido seleccionados en esta convocatoria (23) se reparten los recursos con los 20 privados-subvencionados elegidos, en una suerte de competencia perversa por la adjudicación de los recursos públicos vía contratación temporal de profesionales de la orientación que, a modo de servicio paralelo, se insertarán en los Equipos de Orientación Educativa públicos de la zona que atiende al centro.

Existe un agravante añadido para estos centros que han quedado fuera, que no forman parte de las zonas ERACIS: la prácticamente nula concesión de las solicitudes de Planes de Compensatoria que ellos realizan como respuesta adaptativa a la situación de cambio socio-educativo que experimentan y que les supondría un aumento de recursos para poder atender de manera adecuada al alumnado escolarizado. Esta situación se viene sufriendo desde comienzos de la legislatura pasada y dada la descarnada hoja de ruta liberal seguida por el PP andaluz de empeoramiento de los servicios públicos, nada augura su cambio con los nuevos responsables de la Consejería de Educación, sino todo lo contrario; quedando el alumnado escolarizado en los centros sin poder contar con los recursos personales y materiales necesarios.

La consecuencia de esta decisión política es clara: en lugar de aumentar la plantilla estructural docente, de educación social, orientación educativa y personal de atención a la diversidad con cargo a los fondos disponibles, la respuesta de la Junta ha sido la privatización y precarización de este trabajo. Cosa que en modo alguno viene a solventar el déficit estructural que se mantiene en estas zonas, y sí a “parchear” y mal gestionar el dinero público, tal y como ha venido denunciando USTEA en reiteradas ocasiones.

USTEA exige a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que aumente la plantilla de profesionales públicos de la educación y destine la financiación necesaria al fortalecimiento de la red de centros educativos públicos de Andalucía. La progresiva sustitución de profesionales públicos, en plantillas consolidadas, por contratos más o menos temporales con entidades privadas se traduce en una alarmante disminución de la calidad educativa, así como en un aumento de la precariedad laboral en el sector educativo. El adelgazamiento de la red de centros públicos y la subcontratación masiva de servicios educativos esenciales supone un grave menoscabo del sistema educativo público andaluz que la comunidad educativa ni puede ni debe tolerar.

Andalucía, 6 de julio de 2022