Trás mucho marear la perdiz, el gobierno andaluz nos deja claro que bajar la ratio en nuestras aulas,  para atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no es una de sus prioridades, sino que además comenzamos el curso en plena pandemia y se siguen inclumpliendo las ratios máximas legales, lo que puede tener consecuencias desastrosas en la salud pública 

La Consejería de Educación no está actuando, lo cual no es ninguna novedad, a la altura de las circunstancias, y pareciera no ser consciente del riesgo para la salud al que enfrenta al alumnado, docentes y el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos. 

Desde USTEA el pasado curso interpusimos reclamaciones, desatendidas por la administración, e iniciamos la vía judicial a través de la interposición de un contencioso administrativo que afecta a más de 700 aulas andaluzas. Este curso damos un paso más denunciando ante la fiscalía las ratios ilegales y su relación con las medidas establecidas para la seguridad sanitaria y la prevención de riesgos laborales en las aulas ante la actual pandemia de COVID-19, entendiendo que se está cometiendo algún tipo de delito contra la salud pública.

Este curso, por tanto, se acumulan las razones para bajar la ratio. Sin embargo, lo que es de sentido común para toda la comunidad educativa, parece ser que nuestra administración no terminan de comprenderlo. Por desgracia, la Consejería de Educación y el Gobierno andaluz han tenido ya muchas ocasiones para poner esta medida en marcha, desoyendo hasta el momento las reivindicaciones del conjunto de la comunidad educativa.