Hoy se ha celebrado Mesa Sectorial sobre la tercera ola COVID a petición de USTEA y del resto de sindicatos con representación en dicho órgano. En ella hemos tenido como interlocutores por parte de la Administración a la Viceconsejera de Educación y al DG de RR.HH.

La viceconsejera resume la situación actual con los siguientes datos de esta semana del conjunto de Andalucía:

• 15 centros cerrados

• 621 aulas clausuradas. Esta semana se han reabierto 43 aulas.

Desglosados por provincias:

• AL: 0 centros cerrados  57 aulas cerradas (ac)

• CA: 0 cc,  46 ac

• CO: 2 cc,  64 ac

• GR: 1 cc,  88 ac

• HU: 5 cc,  14 ac

• JA:  0 cc,  25 ac

• MA: 1 cc,  141 ac

• SE:  5 cc, 186 ac

Se han abierto 11.000 protocolos de absentismo. La viceconsejera entiende que la educación debe ser presencial salvo clausura del aula y/o centro educativo, de otra forma estaríamos entorpeciendo la labor docente del profesorado. 

No se recomiendan los filtros HEPA porque no ofrecen garantías sanitarias ni sustituye a la ventilación natural, según Sanidad. Se está actualizando el protocolo de ventilación, a tramos de entre 5-10 minutos.

Sobre las mascarillas: Salud recomienda las quirúrgicas y a esa recomendación se atienen.

USTEA en su intervención manifiesta entender que no depende de la Consejería de Educación el cierre de los centros, pero necesitamos menos propaganda y más medidas que aseguren la protección de la comunidad escolar. Cuando el consejero Elías Bendodo afirma que  no toma más medidas restrictivas en Andalucía porque el gobierno central no se lo permite, mientras se permite el Esquí y la Caza, está haciendo un relato inverosímil. Aquí falta valentía para tomar decisiones. Se pasan la pelota entre los gobiernos, eludiendo las competencias propias. La razón de que no se actúe no es sanitaria ni educativa, sino de no querer tomar decisiones que son costosas para  la actividad laboral y la conciliación familiar. En román paladino, ¿quién le pone el cascabel al gato?

USTEA centra su intervención en la necesidad de revisar y unificar protocolos ante la dispersión de criterios, lo que hemos trasladado tanto a Educación como a Salud, ya que los actuales ni siquiera miden los datos reales de incidencia: 

• Esta ola está teniendo mucha más incidencia que las anteriores en buena parte del territorio andaluz y con nuevas cepas COVID, como la británica, con más capacidad de contagio. Las AMPAS y las directivas han pedido el cierre cuando la incidencia es mayor de mil, y si no es mil, ¿cuánto? ¿cuáles son los criterios?. El establecimiento de parámetros daría tranquilidad a la comunidad educativa, porque aportan criterios objetivos.

• Exigimos que la realización de PCRs se haga a todo el alumnado y profesorado de las aulas donde haya habido un solo caso.

• Exigimos conocer los datos de los contagios y de las personas en cuarentena cada semana. Para nuestra organización es una odisea encontrarlos. Transparencia.

• Nadie quiere pagar el coste económico, y mucho menos el político, de asumir medidas restrictivas en los centros educativos, en consonancia con las restricciones que sufren las poblaciones según la fase en que se encuentren.

• Creemos que hay un riesgo elevado, por ser personal esencial, para todos  los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos, singularmente el personal de edad más avanzada. Deben ser priorizados en la vacunación.

• Las mascarillas FFP2 no están llegando ni siquiera a l@s trabajador@s que establece el propio protocolo de la CED (infantil, conservatorios, determinadas situaciones con alumnado NEAE, etc.)

• Insistimos en la necesidad de sustituir con agilidad al profesorado y al personal no docente confinado, sin lo que es imposible cumplir los más elementales protocolos de seguridad

• Oposiciones: pedimos a la CED que haga un esfuerzo comunicativo ante la incertidumbre del colectivo interino con respecto a las condiciones de celebración o suspensión de las mismas. 

• Mujeres embarazadas: hemos tenido constancia de casos de altas forzosas desde diferentes inspecciones médicas. Pedimos protección para estas docentes ante la situación que estamos viviendo.

• En definitiva, exigimos el establecimiento de parámetros objetivos para establecer cuando se suspende la docencia presencial en un determinado centro o aula.

La viceconsejera nos responde que las mascarillas FFP2 se están comprando por los centros, cuando así lo consideran, con el dinero extra de funcionamiento asignado. Ya han comprado 70.000 ordenadores y van a adquirir 20.000 más. Se compromete a trasladar a Salud nuestras demandas sobre establecimiento de criterios  para la clausura de aulas y/o centros y sobre  priorizar la vacunación del profesorado y, singularmente, el de más edad.

Sobre las oposiciones el DG de RR.HH. nos informa de una próxima reunión con las CCAA y  nos emplaza a  la Mesa Sectorial del próximo 9 de febrero

Y eso es todo lo que ha dado de sí la Mesa de hoy: inmovilismo por parte de la Consejería, algo que es marca de esta administración y gobierno.