La Junta trabaja en una nueva normativa para ampliar los conciertos educativos en nuestra comunidad. El borrador de la Orden para acogerse al Régimen de conciertos educativos se encuentra actualmente en trámite de audiencia y la Administración tiene previsto que entre en vigor durante el curso 2021-22.

La educación privada subvencionada ya tiene una importante implantación en las etapas obligatorias, circunscrita esta importante presencia a las grandes y medias poblaciones andaluzas, no así al ámbito rural, donde ni está ni se la espera: sencillamente no es negocio.

Es, pues, en los núcleos urbanos donde su implantación ya es superior a la de la pública: valgan Granada o Málaga como ejemplos de una capital; o Baena y Linares como paradigmas de este fenómeno hegemónico en ciudades medias andaluzas.

En cierto sentido, el nuevo borrador es continuista con la política de conciertos que ya iniciara la anterior administración socialista y sólo viene a introducir cambios  en la situación de la enseñanza obligatoria en lo relativo a la “simplificación de los procedimientos”.

La mayor novedad, como abiertamente reconoce el preámbulo de la nueva Orden, está en “la suscripción de nuevas unidades de concierto en Educación Especial, Formación Profesional y Bachillerato”. Es decir, los conciertos se extienden al tramo no obligatorio, donde hasta ahora habían tenido mucho menos peso.

Estamos, pues, ante un proyecto de Orden para el concierto del Bachillerato y la Formación Profesional que va a suponer un incremento del número de conciertos educativos en Andalucía. Además esta nueva orden contempla criterios de concesión de conciertos que garantizan la extensión y estabilización de la red de centros concertados existentes, mediante renovaciones, actualizaciones y ajustes a las demandas de empleabilidad, entre otros criterios.

De esta manera, la introducción del criterio de la empleabilidad conduce al sistema a consolidar algo más propio de una red clientelar que de una red de centros educativos. ¿Cómo se miden dichos parámetros? Es imposible hacerlo, ya que las tasas de empleabilidad evolucionan rápidamente entre las distintas familias profesionales. Se deja, entonces, a discreción de las Comisiones Provinciales, suponemos.

En suma, la evolución de las enseñanzas postobligatorias que pretende esta Orden es también la que premeditadamente conduce a  su privatización. Este gobierno persiste en la hoja de ruta privatizadora, que ya iniciara el pasado curso con su nuevo Decreto de Escolarización, cuyo único objetivo era favorecer a la red privada-concertada, y que provocó el 4 de marzo de 2019 la primera gran huelga de todos los sectores de la escuela pública al actual gobierno de PP+Cs.

Esta administración no es capaz de poner orden en un inicio de curso ya  catastrófico nada más iniciarse: Centenares de aulas ya cerradas por infectaciones en apenas dos semanas de clase, miles de alumnos sin comedor escolar, masificación de aulas y ratios ilegales incluso según la normativa pre-COVID, falta de personal docente y no docente en los Centros públicos,  etc…

Pero en plena pandemia dedica su tiempo al establecimiento de itinerarios normativos que provocarán nuevas privatizaciones en los ya vapuleados servicios públicos, que provocará que muchas familias se vean condenadas a matricular a sus hijas e hijos en centros en los que prima más el interés, el negocio o la ideología que el derecho a una educación libre e igualitaria.

Andalucía 5 de octubre de 2020