Los datos sobre ratios escolares ofrecidos por la Consejera en el Parlamento, además de dejar en evidencia sus propias contradicciones, tienen como objetivo tergiversar la realidad y, al mismo tiempo, condicionar las negociaciones que se están desarrollando en la Mesa Sectorial con las organizaciones sindicales. Estas negociaciones se articulan en torno a tres ejes: ratios, horario lectivo docente y atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

USTEA considera inadmisible que se hurte información a los sindicatos que representan al profesorado de la Educación Pública de Andalucía que tienen que negociar a ciegas o, en el mejor de los casos, con la tendenciosa información que la Consejería hace pública con cuentagotas, en función de sus propios intereses partidistas. La comunidad educativa ha tenido que esperar a una comparecencia de la Consejera ante el Parlamento para conocer algunos números sobre ratios escolares, seleccionados y manipulados para adaptarse al discurso del gobierno andaluz, como viene siendo habitual.

El dato más llamativo ofrecido por la Consejera se refiere al porcentaje de aulas por debajo del límite máximo permitido por la legislación vigente. Según las palabras de la propia Patricia del Pozo, el 92´8% de las unidades escolares de Infantil y Primaria tienen menos de 25 alumnos y alumnas, y el 92% de las de Secundaria, menos de 30. Dicho de otra manera, nada menos que el 8% de las aulas públicas andaluzas están en el límite máximo legal de alumnado por clase, o incluso por encima. Así, la Consejera admite ante el Pleno del Parlamento que en su administración mantiene un significativo número de aulas andaluzas con ratios ilegales.

Otra cifra reseñable se refiere al número de aulas por debajo de 20 alumnos y alumnas en Infantil y Primaria y de 25 en Secundaria. La reivindicación unánime de la comunidad educativa, basada en las recomendaciones de instituciones estatales e internacionales, es precisamente que la ratio máxima en Infantil y Primaria sea, como máximo, de 20 y en Secundaria de 25. Esta fue la propuesta que llegó al Parlamento a través de una ILP impulsada por USTEA, apoyada por más de 30 organizaciones y colectivos y suscrita por 52.846 firmas, que la mayoría absoluta del PP impidió tramitar. Por lo tanto, tan solo el 43´6% de las aulas de Infantil y Primaria y el 30% de las de Secundaria se ajustaría, siempre según los datos no contrastados de la Consejera, a los estándares mínimos exigidos por la comunidad educativa para una educación de calidad y respetuosa con la dignidad laboral docente.

USTEA denuncia que la comparecencia de la Consejera trata de condicionar las negociaciones de la Mesa Sectorial en curso y preparan el terreno de la opinión pública de cara al proceso de escolarización que arranca el 1 de marzo. El proceso de escolarización ha sido utilizado en los últimos años por la Junta para recortar 1.943 aulas públicas, con la excusa del descenso de la natalidad y la supuesta bajada de ratios. El discurso de Patricia del Pozo ante el Parlamento es una explicación anticipada de la supresión de aulas públicas que ya planifican para el próximo curso.

A pesar de todo, las negociaciones sobre las plantillas docentes continúan, al menos formalmente, y la próxima semana, USTEA volverá a exigir los datos oficiales y completos que hasta ahora no se han facilitado a la Mesa Sectorial. Sin estos datos y sin un avance significativo de la posición de la administración en relación a las ratios, el horario lectivo docente y la atención al alumnado con NEAE y NEE, se habrá agotado la vía de la negociación y USTEA estudiará la convocatoria de movilizaciones con el conjunto de la comunidad educativa.