La Consejería de Educación se jacta de hacer en enero lo que tenía que haber hecho en septiembre, anunciando más llamamientos para cubrir bajas.

Vamos por la sexta ola de la pandemia de coronavirus, la Consejería debería haber aprendido algo de las cinco anteriores, por ejemplo, no esperar a estar en la cresta, cuando ya todo está desbocado, para implementar medidas e intentar paliar el caos en el que se ven sumidos los centros educativos andaluces. Los y las docentes vivimos esta situación con bastante desazón, no hace falta adivinar para prever las consecuencias de todo esto.

Anuncia la Consejería que va a realizar una cobertura “ágil” de las bajas docentes, además de los llamamientos a través del Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI), empezarán a hacer llamamientos telefónicos que para nada garantizan la transparencia del sistema y sin concretar las consecuencias que acarrearía a una persona que por el motivos que fuese no pudiese atender esa llamada. En principio, se ha previsto que el martes 11 tenga ya lugar el primer llamamiento a través del SIPRI, seguido de un segundo llamamiento el jueves 13. En esta situación dos llamamientos semanales resultan del todo insuficientes, en algunas comunidades, como Aragón, se van a hacer llamamientos diarios telemáticos.

Por otro lado, se han adjudicado las 400 nuevas plazas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, dentro del programa PROA + tal como recoge el acuerdo firmado por la administración y CSIF, ANPE y UGT. Se adjudican las plazas en enero cuando en otras comunidades el programa empezó en septiembre. En USTEA consideramos que 400 plazas no dejan de ser un pequeño parche absolutamente insuficiente y que además llega muy muy tarde. No entendemos cómo algunos sindicatos pueden firmar acuerdos que significan el deterioro de la escuela pública y el empeoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores.

Desde USTEA emplazamos a la Consejería a que establezca un sistema de llamamientos diarios a través de SIPRI poniendo para ello todos los medios y recursos personales e informáticos, al igual que se ha implementado en otras comunidades del estado, por la calidad de nuestro sistema educativo y la atención educativa de nuestro alumnado sin mermar los derecho laborales del profesorado interino.

Andalucía, 11 de enero de 2021