POSTURA DE USTEA RESPECTO al anteproyecto de ley de FP.

La administración declara que el principal objetivo de esta ley es “la transformación de la inversión pública – en materia de educación, se entiende- en inserción y creación de empleo”. A esto hemos contestado que la llamada “inversión pública” en educación tiene sentido en sí misma, en la medida en que debe servir para garantizar un derecho humano: el del acceso a la educación.

DECIMOS NO A ESTE ANTEPROYECTO:

1..- Porque parte de una falacia, ampliamente demostrada, que consiste en ligar formación y empleabilidad en una relación causa-efecto que nuestra realidad social se encarga de demostrar que no es cierta.

2.- Porque se fundamenta en una serie de instrucciones, orientaciones e indicaciones emanadas de distintos organismos de la UE, que no tienen carácter normativo ni prescriptivo, y que no han emanado de un proceso de discusión participada.

No obstante la Consejería los asume como propios y los desarrolla, algo a lo que no está obligada ni ella ni el gobierno central, puesto que la UE no tiene competencia alguna para legislar en materia de educación.

3.- Porque profundiza en la falsa dicotomía entre cultura y formación profesional

Además, hemos denunciado la forma de actuación de la administración educativa en este asunto:mientras se está elaborando una ley de FP, se establece una línea prioritaria de formación del profesorado en FP en Alternancia, una modalidad en experimentación en Andalucía, sobre la que no existe análisis y valoración alguna.

Por último, hemos denunciado el sistema de supuesta “participación” en la elaboración del anteproyecto: a través de correo electrónico y sin que sepamos qué se aporta, quién hace las aportaciones y qué parte asume o rechaza la administración.