El procedimiento para reabrir los centros educativos no garantiza el debido cumplimiento de las medidas de seguridad

11 - mayo - 2020 COVID-19 | Mesa Sectorial

Las instrucciones remitidas hoy a las organizaciones sindicales, a menos de tres horas de la mesa sectorial convocada para su negociación, son insuficientes y asignan funciones a las directivas que no les corresponden, además de no proporcionarse los plazos de tiempo suficientes para poder implementar estas medidas antes de la apertura de los centros el próximo 18 de mayo.

En primer lugar, desde USTEA queremos denunciar la nula intención de negociación real que desde la administración educativa se viene demostrando. No es admisible que, tras no haber convocado los respectivos Comités de Salud Laboral en todo el proceso de estado de alarma, tampoco se convoque la mesa sectorial con las garantías y los plazos suficientes para que las organizaciones que representan a los y las trabajadoras tengan una capacidad real de negociar los términos de la vuelta a los centros de parte de las plantillas de los mismos, ya que la documentación a abordar ha sido remitida por parte de la administración con menos de tres horas de antelación.

Además, las instrucciones no se prevé poder publicarlas hasta el próximo miércoles, por lo que los centros docentes y sus directivas tan solo contarán con apenas dos o tres días hábiles para planificar y llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para poder abrir las puertas de sus centros. Desde USTEA hemos dejado claro que, en estas condiciones y con estos plazos, es del todo imposible que se garantice la correcta implementación de las medidas solicitadas, por lo que exigimos que la reapertura para los todos los trabajadores y trabajadoras y los usuarios, no se produzca hasta que esté garantizada la seguridad de todos y todas. Para poder cumplir esta última premisa, hemos exigido también, que se realicen pruebas de diagnóstico a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que sean llamados a incorporarse al trabajo de manera presencial.

Por otro lado, las instrucciones presentadas por la administración implican una sobrecarga de responsabilidades a los directores y directoras de los centros, que han de actuar como si de delegados de prevención se tratase, siendo los responsables de adoptar las medidas establecidas por la administración, todo ello sin cumplir los preceptos de “capacidad, tiempo y medios para ello” que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La administración no puede trasladar de esta forma las responsabilidades que por ley le corresponden sin para ello seguir los mecanismos que impone la legalidad.

Por si esto fuera poco, serán también los directores y directoras los y las encargadas de proveer de material higiénico y sanitario (mascarillas, guantes, etc.) a los y las trabajadoras. ¿Acaso tienen las directivas de los centros la capacidad de detectar posible material defectuoso, de establecer los contactos con proveedores fiables o de asegurarse del cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos de este material?. Una vez más se les carga con una responsabilidad que no les corresponde. Inclusive se estipula en las instrucciones que este gasto correrá a cargo de los gastos de funcionamiento de los centros, algo que se justifica desde la administración debido al “ahorro que los centros han tenido durante estas semanas”. 

En USTEA consideramos que la salud y la seguridad de las y los trabajadores debe anteponerse a cualquier otro criterio, por lo que ante estas insuficientes instrucciones, no aceptaremos que se pueda desarrollar ninguna actividad profesional sin que se cumplan estas medidas, por lo que instamos a la administración a que modifique sustancialmente estas instrucciones antes de su publicación para que las medidas planteadas sean realistas, así como a retrasar la fecha de apertura si no se puede garantizar la seguridad de profesionales y usuarios en las fechas previstas a día de hoy.