Desde USTEA seguimos trabajando para mejorar las condiciones del profesorado. En las últimas mesas técnicas se ha abordado el desarrollo de las oposiciones de 2025.

En primer lugar queremos reiterar que las supuestas negociaciones sobre las ofertas de empleo público (OPE) de los diferentes años planteadas en los medios de comunicación por la Consejería son totalmente falsas. La Consejería de Educación en las mesas técnicas y sectoriales solo han informado a los sindicatos, y en ningún momento ha habido la posibilidad de negociación con los sindicatos sobre estas OPE.

De la misma forma las negociaciones sobre las próximas oposiciones de este año han sido mínimas y referidas solamente a temas técnicos. Desde USTEA denunciamos que el “rodillo” de la mayoría absoluta del PP en el parlamento está siendo un escollo y presenta unas negociaciones muy difíciles para los colectivos en defensa de la educación pública. De esta forma, nuestras reiteradas peticiones de que las oposiciones, explicadas más abajo en este comunicado, deben estar consensuadas con las otras comunidades autónomas han tenido la respuesta de que “la Consejería de Educación sacarán las plazas que vean convenientes y en el momento que ellos vean conveniente, ya que el volumen de profesorado de Andalucía es muy superior al de todas la otras comunidades”

En estas reuniones  hemos realizado diversas intervenciones en nuestra línea de defensa de la estabilidad laboral, la defensa de los colectivos con situaciones más desfavorecidas, un desarrollo más transparente y garantista de los procesos selectivos y la reducción de la burocracia en torno a estos procesos. Ahora, es la Consejería la que debe tomar partido dando o no respuesta a  nuestras peticiones en la siguiente mesa sobre procesos selectivos.

• Sobre el proceso selectivo en general

Hemos preguntado si es posible acogerse a lo establecido en el Decreto 270 (que desarrolla lo conocido como “oposiciones blandas” y procesos de estabilización), pero la Administración nos ha indicado que ya no es aplicable y que hay que volver al RD 276 en su integridad. Hemos manifestado que los procesos de estabilización aplicaron un baremo que nos parece inadecuado, así como un recuento de plazas no justificado, algo que manifestamos reiteradamente en su día. Además, hemos pedido en múltiples ocasiones los resultados de dicho proceso para saber si se ha cumplido el objetivo de bajar del 8% la tasa de interinidad. Esta petición del porcentaje de interinidad por cuerpo y especialidad nunca se nos ha facilitado y esto nos hace sospechar sobre la credibilidad de las afirmaciones de la Consejería sobre la bajada de la interinidad por debajo de la demanda de la Unión Europea. En esta convocatoria para 2025, tampoco nos parece adecuado el baremo y así lo hemos transmitido en mesa técnica, argumentando que consideramos que hay que apostar por estabilizar a las personas y para ello es fundamental realizar cambios en dicho baremo y el sistema de oposición en general. La Consejería nos vuelve a decir que la estabilización ya pasó y esto es una “oposición no restringida”, insinuando que nuestras sugerencias apuntan a una oposición restringida.

Desde el curso pasado, que ya se hablaba de oposiciones, y este curso igualmente, hemos pedido un esfuerzo a la Consejería de Educación andaluza en el contexto de la conferencia sectorial de educación nacional, para establecer calendarios de oposiciones coincidentes con el resto de comunidades autónomas. Desde la Consejería nos responden que han hecho ese esfuerzo pero que tras los procesos de estabilización cada territorio tiene sus necesidades y Andalucía va a seguir su itinerario propio para asegurar su vía de estabilidad. En base a esto, la Consejería invita al resto de territorios a seguir la propuesta de calendarización, al ser la de mayor cuantía. En USTEA entendemos que esta actitud de nuestra Consejería y la del resto, evidencia que les importan más los números que las personas.

• Sobre los diferentes procesos selectivos en particular y con carácter más técnico:

+ Medidas para garantizar la igualdad y la protección de colectivos vulnerables

• Solicitamos que las personas con discapacidad no sean obligadas a presentarse en provincias distintas a la solicitada y que se amplíe este criterio a  las víctimas de violencia de género (VG). 
• Hemos solicitado que se modifique el requisito de la capacidad funcional, garantizando que ya no sea solo para aspirantes del turno de discapacidad, sino para todas las personas, evitando así la discriminación a priori de este colectivo.
• Solicitamos que el lugar de presentación y exámenes se publique con suficiente antelación, permitiendo a las personas desplazadas organizarse mejor. A la vez que se hagan coincidir en fecha con las otras comunidades convocantes.
• Hemos solicitado la disponibilidad de espacios públicos adecuados para la realización de las pruebas.
• Exigimos la posibilidad de devolución de tasas en caso de que se acredite ser víctima de VG o terrorismo, posterior al pago de las mismas.
• Hemos pedido acceso al modelo de solicitud para garantizar mayor claridad y transparencia en los procedimientos, supervisando el desarrollo del aplicativo. En ese desarrollo del aplicativo pedimos expresamente que venga preestablecido el check de aceptar pertenecer a bolsa y salga además un aviso que lo clarifique.
• Solicitamos que las víctimas de VG puedan acceder a las plazas reservadas para discapacidad que no se cubran o que se reserven plazas específicas para ellas. 
• Pedimos la ampliación de nuevas medidas específicas para proteger a embarazadas y lactantes en el proceso selectivo. Por ejemplo, consideramos que 30 minutos es insuficiente para la lactancia y proponemos que se amplíe a una hora. También pedimos se tenga en cuenta su situación para la incorporación a las fases posteriores como funcionarias en prácticas.
• Solicitamos que se incluya el requisito de presentar un certificado que acredite no haber sido condenado por violencia vicaria o de género, similar al certificado de delitos sexuales.

+ Méritos y puntuaciones: aportaciones clave para acercar estas oposiciones al modelo de acceso de doble vía que históricamente ha defendido USTEA

• Solicitamos que se reajusten los baremos de méritos para que la formación académica tenga un menor peso y la experiencia docente aumente su valor porcentual. Como este reparto es de máximos según el Decreto 276, sólo podríamos cambiar los pesos de estos haciendo reducción. Así, pedimos que la experiencia docente se quede en 5 puntos de máximo, pero la formación académica baje a 3 puntos y la de otros méritos en 2. Igualmente para su cálculo, solicitamos que se elimine el máximo de 5 años y se valore dentro de todo el tiempo trabajado.
• Solicitamos que el primer examen no sea eliminatorio, y si no es posible por el RD 276, que la nota para superar la primera prueba sea de 4 y no de 5, aspecto para el que sí creemos que la consejería tiene margen normativo.
• Pedimos que la acreditación de servicios prestados como profesorado de religión sea visada por la Inspección Educativa, al igual que ocurre con los centros concertados.
• Exigimos que se valore en el baremo de méritos el haber aprobado oposiciones previas en Andalucía para el mismo cuerpo, sin fecha tope a considerar dentro de “otros méritos”.
• Pedimos que se aclare en un anexo cuáles son las actividades análogas a proyectos de investigación e innovación educativa a baremar.
• Reclamamos la eliminación de invalidaciones de exámenes por faltas de ortografía, y que en su lugar se establezcan penalizaciones como ocurre en otras comunidades autónomas. En general nos oponemos a las invalidaciones encubiertas en el desarrollo de subpruebas eliminatorias en la parte práctica.Máxime cuando no hay unos criterios objetivos básicos que los justifiquen. 
• Proponemos eliminar la puntuación de méritos deportivos por participar en competiciones oficiales, ya que esto puede depender de la capacidad económica de los participantes y duplica la puntuación como reconocimiento a ser deportista de alto nivel o alto rendimiento.

+ Medidas para reducir burocracia y gastos.

• Proponemos que, si una persona ha trabajado el curso anterior y ya ha presentado un certificado médico, no tenga que aportar uno nuevo tras obtener plaza.  Solicitamos que se equipare la situación del funcionariado en prácticas a la que se da con el personal interino.

+ Mejoras en la regulación de tribunales y procesos.

• Pedimos cambiar la redacción para que los tribunales estén formados preferentemente por miembros de la especialidad convocada y, en su defecto, por personal del cuerpo de inspección. 
• Pedimos que se adelanten las fechas para conocer la composición de los tribunales lo máximo posible para facilitar la conciliación laboral y personal. 
• Defendemos que si dos progenitores han sido seleccionados como tribunal, uno pueda renunciar para facilitar la conciliación familiar como ampliación de motivo de exención.
• Apoyamos la exención de formar parte de tribunales para personas monomarentales o monoparentales que lo soliciten o con infancias menores a 12 años a su cargo.
• Solicitamos que la participación o exención en tribunales se regule considerando los dos últimos procedimientos realizados.
• Pedimos que las organizaciones sindicales podamos estar presentes en las mesas de coordinación de tribunales. Para poder supervisar las instrucciones y garantizar la homogeneidad en las decisiones. 
• Proponemos que la programación didáctica se siga entregando después de aprobar el primer examen y, en todo caso, como mínimo en una fecha concreta en un plazo de 10 días dentro de la primera quincena de mayo. Es muy importante este cambio que se pretende introducir y las opositoras y opositores deben tener tiempo suficiente para su preparación. Solicitamos que la programación de primaria sea globalizada y cuente con más páginas por este motivo e igualmente solicitamos que para las especialidades de Audición y Lenguaje, y Pedagogía Terapéutica se tenga en cuenta que trabajan con Programas Específicos.
• Solicitamos la posibilidad de pedir una copia del examen online a través del portal del opositor. 
• Pedimos una redacción más clara sobre las situaciones en las que una persona aspirante no pueda presentarse en los primeros cinco días de septiembre pero tampoco quiera aplazar su incorporación (por ejemplo, permisos de maternidad/paternidad o IT).

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Desde USTEA seguiremos luchando por los derechos del profesorado y exigiendo a la Administración que adopte medidas justas, equitativas y transparentes.

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