Los centros escolares cierran, en estos días, la organización y las plantillas de funcionamiento para el próximo curso y se confirma la tendencia que USTEA viene alertando en los últimos años: supresión masiva de aulas públicas, la extensión de los conciertos educativos y existencia de aulas con ratios ilegales tras finalizar los periodos de matriculación en infantil y primaria.

La ratio máxima permitida en estas etapas es de 25 niños/as por aula. Estas ratios pueden verse incrementadas, de manera excepcional, hasta en un 10%, por alumnado que acuda al centro, una vez comenzado el curso 2024/2025, por situaciones imprevistas. Por ejemplo, niños y niñas refugiados o que se han mudado de localidad.

USTEA ha detectado, a día de hoy, varias aulas que superan ya la ratio legal máxima permitida en período ordinario de escolarización. Encontramos aulas de 28 alumnos/as como en el CEIP San Fernando (Adra) y otras muchas con ratios de 26 y 27 alumnos y alumnas, como es el caso del CEIP San Indalecio y CEIP Ferrer Guardia de La Cañada, CEIP Buenavista y CEIP la Jarilla en Huércal de Almería, CEIP Nuestra Señora del Rosario (Macael), CEIP La Canal (Vícar), E.I. Punta Sabinar (El Ejido), CEIP San Bernardo (El Alquián) y CEIP Joaquín Visiedo y CEIP Camino de la Torre en Viator.Además, destaca el caso del CEIP Nueva Almería, en el que en el presente curso se ha aumentado una unidad más en 3 años aludiendo a espacios presentes en el centro, que no han sido aprovechados en cursos anteriores, ni en el año actual, para desdoblar unidades que llevan tiempo saturadas, como es el caso de las clases de 5 años (3º de infantil) y 2º de Primaria. Esta situación viene dada por la política educativa de la Conserjería de suprimir aulas en la escuela pública dejando a ratio máxima las que se salvan.  

La supresión masiva de clases en la red de centros públicos provoca graves consecuencias en los colegios públicos, como el recorte de personal docente y de los recursos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Es el caso del CEIP San Indalecio (La Cañada), en el que en el actual curso el maestro de Pedagogía Terapéutica atiende a 41 alumnos/as y solo cuenta con un segundo maestro de PT más un día a la semana. El curso que viene contará con 4 alumnos/as nuevos a atender. Y para colmo de despropósitos, cuentan con una sola PTIS (Profesional Técnico de Integración Social), con jornada reducida, que atiende 10 alumnos/as hasta las 12 de la mañana, momento en el que los niños/as se quedan sin esta asistencia.

Caso aparte es el del CEIP San Valentín, centro que según continuas promesas de la Delegación debiera estar ubicado en la Vega de Acá, y que a día de hoy continúa abierto a través del uso de aulas mixtas, en las que convive alumnado de distintas edades, lo que supone la amenaza real de desaparición del centro a medio plazo. El curso que viene el centro contará con dos unidades mixtas: infantil (3, 4 y 5 años) y 1º y 2º de primaria.

Paralelamente a este recorte en la escuela pública, hace tan solo unos días, el 19 de junio de 2024, se publicó la resolución provisional de creación y renovación de conciertos educativos. Esta resolución confirma que la red de centros concertados no solo no pierde unidades escolares, sino que las aumenta, con la puesta en marcha de nuevos conciertos en todos los niveles educativos, incluyendo los postobligatorios como Bachillerato y FP y, en particular, en educación especial. Así, se establecen nuevos conciertos de aulas de educación especial en centros privados de todas las provincias. Centrándonos en la provincia de Almería, se han dado conciertos a un aula de Educación Básica Especial, Apoyo a la Integración en la Escuela Profesional de la Sagrada Familia. Además, como ya USTEA denunció hace unos meses, se ha llevado a cabo el concierto de 4 unidades de Bachillerato en el Stella Maris, en Almería capital.

Desde USTEA exigimos a la Dirección General de Planificación y Escolarización que dé marcha atrás en este tipo de prácticas descritas y apueste por una educación pública de calidad, aumento de las plantillas y bajada de ratio en todas las etapas educativas. Evidenciamos cómo la política educativa del gobierno de la Junta va claramente dirigida a favorecer a los centros privados-concertados, a través de la extensión de los conciertos, en detrimento de la Educación Pública, que sufre una continua sangría de unidades escolares y recorte de recursos humanos y materiales.