La dispar disponibilidad de dosis de las distintas vacunas ha provocado que el personal más vulnerable de los centros educativos sea, precisamente, el último que va a ser vacunado. Para USTEA esta “incongruencia” justifica, más que nunca, la protección del personal vulnerable; una protección que desde la Consejería de Educación se lleva negando desde el inicio de la pandemia.

Desde USTEA venimos denunciando, desde inicio de curso, el incumplimiento reiterado de la Consejería de Educación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A la no evaluación de los puestos de trabajo, tal y como exige la legislación, se suma una desprotección absoluta del personal especialmente sensible, ya sea por su grupo de edad o por padecer patologías previas que les hagan más vulnerables ante la infección por covid-19. En este sentido, tanto desde el Ministerio de Sanidad como desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se han emitido constantemente documentos que contradicen el criterio científico, al considerar que no existe un mayor riesgo de contagio asociado a la profesión docente o al desarrollo de la actividad laboral en un centro educativo. Desde USTEA hemos exigido la modificación de estos criterios basándonos en las conclusiones científicas que el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha publicado, además de denunciar por diferentes vías el incumplimiento de la legislación en materia preventiva.

Este cúmulo de despropósitos cobra mayor gravedad una vez iniciado el proceso de vacunación. En primer lugar, el hecho de que el gobierno andaluz haya priorizado al personal docente a la hora de administrar las dosis disponibles de AstraZeneca supone reconocer, aunque no se quiera admitir, que este colectivo está especialmente expuesto al virus. Por el otro, el hecho de que esta vacuna no se esté administrando a mayores de 55 años provoca que sean precisamente los trabajadores y trabajadoras más vulnerables los que vayan a continuar su actividad sin estar protegidos mediante la vacunación, lo que supone, sin duda, un agravio comparativo frente a sus compañeros y compañeras.

Ante esta situación, desde USTEA queremos exigir una vez más que se articulen las medidas necesarias para proteger al personal que aún no ha sido vacunado, teniendo en cuenta que, además, se trata del grupo de edad que se encuentra en mayor riesgo. Aún siendo conscientes de que la disponibilidad de dosis supone una limitación evidente a la hora de planificar la vacunación, creemos que sigue siendo obligación de la administración la protección de la salud de sus trabajadores y trabajadoras. En este sentido, queremos remarcar las recomendaciones que la propia ciencia pone de manifiesto y es que el CSIC, en su publicación “una visión global de la pandemia covid-19: qué sabemos y qué estamos investigando desde el CSIC”, en referencia al riesgo para los trabajadores y trabajadoras del sector de la educación, deja claro que “el riesgo es particularmente elevado para profesores de más de 60 años”, añadiendo que “consideramos importante que se prevean medidas especiales de protección para personas mayores de esa edad con profesiones de fuerte riesgo de contagio, no sólo profesores […] para esta tipología de trabajadores creemos que es necesario prever ayudas para que puedan coger una baja médica hasta que exista una vacuna, y ser sustituidos por trabajadores jóvenes, e implementar medidas de seguridad más estrictas en esos trabajos”.

Como vemos, desde un criterio estrictamente científico y de protección de la salud, la protección de estos trabajadores y trabajadoras es más que necesaria. Ante esta evidencia, que contrasta con la triste realidad de ausencia de las medidas de protección oportunas, tan solo podemos concluir que desde la administración se ha incurrido en dejación de funciones al no cumplir con su obligación de protección eficaz de la salud de los y las trabajadoras, priorizando, a todas luces, criterios de contención del gasto a criterios sanitarios o de salud.

Por todo ello, desde USTEA consideramos que la situación de desprotección de los trabajadores y trabajadoras mayores de 55 años o con patologías previas de los centros educativos es especialmente inaceptable y exigimos una solución inmediata por parte de la administración que contemple la concesión de una baja laboral en caso de no poder ser vacunadas, además de proporcionar la mayor certidumbre y transparencia posible sobre la previsión de los plazos de vacunación para todo el personal aún no vacunado. Así mismo, pedimos que se contemple y se planifique la vacunación del personal interino de nueva incorporación así como el personal reincorporado al servicio desde cualquier otra circunstancia.

Andalucía, 11 de marzo de 2021