La oferta de plazas de la Consejería de Educación para el próximo curso supondrá la eliminación de un importante número de clases de la red de centros públicos. Los datos que se conocen alertan de que el recorte afecta a pueblos de las ocho provincias y a todas las capitales.

El periodo de matriculación ha comenzado con una oferta de 1.441.000 plazas, es decir, con un descenso superior a 4.000 plazas respecto al curso anterior, cuando la cifra fue de 1.445.148. Esto se traduce en un importante recorte de aulas públicas andaluzas, que pasarán a engrosar la preocupante lista de más de 2.000 unidades públicas suprimidas en los últimos años, supresiones que, por el contrario, no se producen en la escuela privada subvencionada con fondos públicos (concertada).

Los centros educativos han recibido una previsión de clases para el próximo curso que no se corresponde en absoluto a las necesidades reales de los mismos. La oferta de plazas públicas de la Consejería de Educación se ha hecho “a la baja” y sobre una previsión de 25 alumnos y alumnas por aula. Es decir, muy por debajo de la demanda real, conforme a los datos municipales de empadronamiento que manejan los equipos directivos de los colegios y manteniendo las clases en la ratio máxima permitida por la normativa; manteniendo, además, en muchas ocasiones, una planificación por encima de esta ratio, incurriendo, un curso más, en una ilegalidad que afecta negativamente al derecho a una educación pública de calidad para todos y todas.

Las familias que estos días realizan la solicitud de plaza para sus hijos e hijas se encuentran frecuentemente con que el colegio público de su elección cuenta con una sola clase, es decir, 25 plazas, en lugar de las dos clases que se ajustarían a la población del entorno. Ante el temor de no conseguir entrar, se ven forzadas a optar por una segunda o tercera opción para no “arriesgar”. De esta manera, el recorte de plazas ejerce un efecto disuasorio sobre las familias. El resultado es la eliminación de una clase, la exclusión de los niños y niñas cuyas familias sí arriesgaron y la masificación de la clase que sí se mantiene, siempre con una ratio al límite de la legalidad, cuando no, superando la cifra máxima que marca la normativa.

Si la masificación de las aulas y las ratios abusivas ya eran una grave dificultad para el buen desarrollo del proceso educativo, en la nueva situación generada a raíz de la crisis sanitaria representan, a juicio de USTEA, un peligro para la salud de toda la comunidad educativa y de toda la población, además de dificultar significativamente la recuperación o compensación del desfase curricular que las circunstancias derivadas de la pandemia han provocado.

Conforme a los datos recabados por USTEA la oferta de plazas provocará eliminación de clases y masificación de aulas en las ocho provincias andaluzas. Este es el caso de todas las capitales así como pueblos y ciudades como Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas, Marchena, Écija, Lucena, Priego de Córdoba, Alhaurín de la Torre en Málaga, Jerez de la Frontera o Puerto Real, entre otros muchos.

Estos datos son los que USTEA ha podido recabar con sus propios medios, a través de las denuncias de equipos directivos y AMPAs, ya que esta información se nos niega sistemáticamente por parte de la administración educativa. Ante la falta de datos oficiales y la opacidad de la Consejería, solo sirven para hacerse una idea de la amplitud del problema en los centros educativos públicos de toda Andalucía.

Frente a las denuncias de USTEA y otras organizaciones sindicales, profesionales y de familias, la Consejería argumenta que la oferta de plazas está relacionada con la bajada de natalidad. Sin embargo, las 568 clases eliminadas en el presente curso se corresponden, en todos los casos, a centros públicos. La administración ha puesto en práctica un proceso de matriculación expresamente diseñado para imponer un trasvase de alumnado de la educación pública a centros privados concertados. Esta intencionalidad queda claramente demostrada con los cambios legislativos que el gobierno andaluz ha llevado a cabo, como ha sido la modificación del decreto de admisión, que provocó una huelga convocada por todas las organizaciones de la escuela pública de nuestra comunidad.

Ante este nuevo ataque a la escuela pública, desde USTEA consideramos que se hace imprescindible una respuesta contundente por parte del conjunto de la comunidad educativa en defensa del sistema público de educación en Andalucía. La educación es un derecho fundamental del conjunto de la población y sólo una educación cien por cien pública y de calidad puede garantizarlo en condiciones de igualdad para todos y todas.

Andalucía, 8 de marzo de 2021