El Consejero de Educación, Javier Imbroda, ha presentado hoy ante los medios de comunicación un plan de acción para el inicio del curso 2020/21 que USTEA considera del todo insuficiente para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, con unas medidas que no se corresponden con un compromiso claro por responder a las necesidades del sistema educativo en situación de pandemia.

Las actuaciones anunciadas en el día de hoy por el principal responsable de la educación en Andalucía vienen a corroborar, a juicio de USTEA, la nula voluntad de diálogo y negociación de este gobierno. En este sentido, no es comprensible como, en una situación como la actual, sea a través de los medios de comunicación como las organizaciones sindicales conozcan las intenciones de la administración educativa en aspectos tan sensibles y de tanto calado como son los abordados por el plan de actuación frente al Covid19 para el curso 2020/21.

Ante el refuerzo de plantilla anunciado a bombo y platillo, es preciso señalar que esa supuesta contratación, de la que no conocemos los detalles ni los criterios con los que se va a llevar a cabo, no viene ni tan siquiera a revertir el deterioro de la educación pública andaluza tras años de recortes. De igual forma sucede con el anuncio de nueva contratación de personal de limpieza que, en cualquier caso, ni tan siquiera vendrá a resolver el déficit de este personal que vienen sufriendo numerosos centros, incumpliéndose claramente la ratio de estos profesionales. Por otro lado, es insostenible alardear de esta medida cuando, un año más, estamos asistiendo a la supresión descarada de unidades públicas y a la masificación ilegal de las aulas, sobrepasando la ratio legal en cientos de ellas, tal como desde USTEA se viene denunciando en numerosas ocasiones.

Así, las instrucciones elaboradas por la Consejería, que han sido remitidas a las organizaciones sindicales con posterioridad a la rueda de prensa ofrecida por el Consejero, vienen a ser del todo insuficientes, suponiendo un acto de irresponsabilidad por parte de los máximos responsables de garantizar la seguridad y la salud de la comunidad educativa. Es especialmente grave que estas instrucciones vuelvan a suponer una sobrecarga desmesurada de responsabilidad sobre las directivas de los centros y sobre su profesorado, sin establecer ni concretar los medios y recursos humanos y técnicos adecuados para tales funciones. Además, resulta especialmente bochornoso comprobar cómo se habla de un posible asesoramiento de las Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta el historial de infradotación y abandono de estas unidades.

De igual manera, en cuanto a las medidas organizativas en el aula es indignante comprobar como el distanciamiento entre el alumnado se establece con criterios de ahorro económico, sin contemplar el desdoblamiento de grupos y afirmando textualmente que la distancia será “la mayor posible”, obviando cualquier criterio sanitario.

Por otro lado, en cuanto a las medidas para la reducción de la brecha digital, la instrucciones se limitan a la utilización de los recursos con los que ya cuenten los centros, sin establecer ninguna medida excepcional que lleve a valorar las necesidades reales del alumnado de un centro concreto y su capacidad para el análisis y el procesamiento de la información obtenida en Internet, para así poder dotar de los medios materiales y técnicos necesarios para satisfacer las mismas. Bajo este criterio, a juicio de este sindicato, ante una posible nueva interrupción de la docencia presencial volveríamos a presenciar las mismas problemáticas sobre brecha digital.

En definitiva, el plan de actuación presentado por el Consejero de Educación viene a demostrar la poca o nula voluntad de este gobierno por implementar de forma decidida las medidas que la educación pública andaluza necesita en un contexto como el actual, lo que viene a explicitar una política de priorización del ahorro por encima de criterios de seguridad y salud del conjunto de la población, así como de garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad y calidad.

Desde USTEA se entiende que, en este contexto de recortes de unidades públicas, masificación ilegal de las aulas y ante las medidas anunciadas para la vuelta presencial a las aulas, es imprescindible que la comunidad educativa se movilice para exigir que esta situación sea revertida y se garanticen los derechos básicos de los y las andaluzas.