La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en plena pandemia, suprime cientos de unidades en nuestra comunidad, volviendo a planificar para el curso 2020/21 sobre la base de una ratio ilegal, constatando que el proceso de matriculación ha estado dirigido, desde el inicio, a favorecer a los centros privados subvencionados con fondos públicos en detrimento de la Escuela Pública.

La semana pasada se publicaron las resoluciones de admisión del alumnado en los centros públicos educativos andaluces, confirmándose la supresión de plazas y aulas completas en muchos de ellos, a lo largo y ancho de toda la geografía andaluza. USTEA ha podido constatar, al analizar estos datos, el abandono a que tiene sometida la Enseñanza Pública esta Consejería de Educación, dejando morir de inanición a muchos centros e incluso llevando a cabo supresiones de unidades en centros donde las solicitudes por parte de las familias no lo hacían necesario. Esta organización ha podido detectar casos en los que incluso se han llegado a agrupar distintos niveles educativos en una misma aula tras haber rechazado solicitudes de matriculación que, de aceptarlas, hubiesen evitado esta situación.

El efecto inmediato de esta supresión de unidades es la masificación de las aulas. En la mayoría de los casos detectados, la supresión deja fuera del centro solicitado a un número considerable de alumnos y alumnas, que podrían haber significado, de no anularse la unidad, una disminución de la ratio de cada una de las clases de ese mismo nivel. Pero la apuesta de la Consejería, en plena crisis sanitaria, ha sido la contraria: no conceder la unidad para mantener un aula que, en muchos casos, tal y como sucedió el curso pasado, superará la ratio máxima permitida por la normativa. En este sentido, este sindicato considera estos hechos profundamente graves e inadmisibles. No es comprensible que, en las circunstancias generadas por el Covid-19, se siga con la política de masificación ilegal de las aulas, con lo que ello supone tanto desde el punto de vista sanitario como pedagógico y educativo.

Desde USTEA ya se había denunciado que, desde el inicio del proceso de matriculación, la oferta inicial de plazas en los centros públicos estaba muy por debajo de la demanda real. Los datos, tras finalizar este proceso, vienen a constatar una estrategia consciente por parte de la administración educativa de desmantelamiento progresivo de la Enseñanza Pública en beneficio de los centros privados que son subvencionados con fondos públicos (centros concertados). Las cifras de los últimos años no dan lugar a dudas: miles de supresiones de aulas públicas mientras que la concertada no deja de aumentar su presencia dentro del sistema educativo. En este sentido, no debemos olvidar el duro golpe que ha supuesto para la Educación Pública andaluza la aprobación, a finales de abril, del nuevo Decreto de Admisión, que viene a significar una profundización en las políticas de liberalización de la educación que venimos denunciando. Para USTEA, se evidencia, así la intención del gobierno andaluz y su Consejero de Educación, Javier Imbroda, de reducir el peso de la escuela pública para favorecer los intereses de la patronal de centros privados y alimentar el reservorio ideológico de la Iglesia Católica.

La situación descrita se extiende a toda la geografía andaluza, lo que ha provocado que en varias provincias ya se hayan producido movilizaciones de las familias que se han visto afectadas, que se suman a las concentraciones convocadas hoy mismo en Granada y Córdoba además de las convocatorias anunciadas para los próximos días. Estas protestas se producen ante lo que las organizaciones convocantes viene a denominar un “robo” a la Escuela Pública, habiéndose producido casos tan esperpénticos como el de una familia de Vejer de la Frontera que, habiendo solicitado plaza para su hija en un colegio público, ha sido desplazada a otro privado concertado de carácter religioso.No deja de ser sorprendente comprobar cómo, tras haber tenido que escuchar tantas veces por parte de esta administración el argumento de la libertad de elección de las familias para defender el ataque a la escuela pública que ha supuesto el nuevo decreto de escolarización, ahora no se aplique con tanta vehemencia este criterio a otras muchas familias que han apostado por la pública que, además, son obligadas a matricular a sus hijos en centros religiosos y conservadores, cercenando el derecho a una educación laica. 

USTEA, en su compromiso de defensa de la Educación Pública, apoya y apoyará todas estas movilizaciones al mismo tiempo que anima a todas las familias y AMPAS que se sumen a la denuncia de una situación que, de no ser revertida, provocará el progresivo deterioro de la Escuela Pública de nuestra comunidad.

Andalucía, 25 de junio de 2020