El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado este lunes a Ana Dolores Berrocal como nueva Delegada Territorial de Educación y Deporte en Granada, tras la dimisión del anterior delegado, Antonio Jesús Castillo, el pasado 17 de enero.

Estas dos semanas con el cargo desierto, a pesar de todas las cosas por resolver y tantas cuestiones por aclarar, no son más que un síntoma más de la lamentable política que desde la consejería, con Javier Imbroda como máximo responsable, se está llevando a cabo.

La dimisión del anterior delegado se produjo tras la exitosa jornada de huelga, convocada por USTEA, y las movilizaciones en respuesta a los planes de reordenación educativa propuestos por la consejería, así como al ataque a la escuela rural con la propuesta de supresión de oferta educativa en numerosos municipios de la provincia de Granada. En este sentido, es preciso poner en valor una acción sindical sin titubeos, clara y decidida en la defensa de la educación pública. Desde USTEA creemos que la unidad de acción con el resto de la comunidad educativa, la huelga y la movilización son las herramientas que nos han permitido paralizar los planes de la Junta de Andalucía y hacer frente al ninguneo y la falta de negociación por parte de unos responsables políticos que cada vez están dejando más claras sus intenciones privatizadoras y de aplicación de recortes sobre la enseñanza pública.

Pero la dimisión del señor Castillo no ha resuelto la situación, ni ha saldado las responsabilidades sobre las políticas que han provocado las movilizaciones, tanto las acontecidas durante el mes de enero como las que se produjeron en numerosos puntos de la geografía andaluza a inicio de curso, también en defensa de la escuela rural y contra la masificación ilegal de las aulas. La Consejería ha utilizado al ex-delegado como un escudo humano con el que tapar sus propias carencias.

Los planes de reordenación son una política de la Consejería, no una ocurrencia de un delegado provincial. Las propuestas de integración de centros y reestructuración de la oferta educativa han llegado a más provincias y han suscitado también preocupación entre la comunidad educativa de algunos centros de Huelva. Sabemos que las directrices de la Consejería de Educación sobre centros piloto para los llamados “CEIPSOs” se extendieron a toda Andalucía y con la intención de ponerlos en marcha el próximo curso. Además, la falta de información, transparencia, negociación y el oscurantismo han sido la norma a lo largo de todo el proceso. A pesar del anuncio de la paralización temporal de estos planes, gracias a la movilización, estamos convencidos que se volverán a poner sobre la mesa. Desde USTEA queremos dejar claro que ante cualquier modificación que se pueda plantear no aceptaremos la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de recursos educativos para el alumnado ni la pérdida de unidades públicas. Además, exigiremos que en cualquier caso sea necesario el consenso y la aprobación de los cambios por parte de los consejos escolares y claustros de todos los centros afectados.

Pero la reordenación educativa no han sido ni son los únicos problemas y ataques a los que nos enfrentamos. En los acuerdos de gobierno, tanto entre PP y Ciudadanos como entre PP y Vox, así como en el acuerdo de presupuestos entre las tres formaciones, queda plasmada una política educativa contra la educación pública, impulsando la privatización a través de la promoción de los centros privados subvencionados con fondos públicos, y proponiendo medidas reaccionarias como la del veto parental sobre los contenidos curriculares.

Estos ataques ya se están materializando en modificaciones normativas, como es el caso del proyecto de decreto de escolarización que favorece a los centros privados subvencionados con dinero público (concertados) y que pretende aprobarse para que la matriculación del curso 2020/21 ya se realice bajo esta normativa. Este nuevo decreto, junto a los mapas de escolarización, que ya se están conociendo y que no hacen más que profundizar en estas políticas privatizadoras, ya han provocado la respuesta de las AMPAS de la escuela pública, como ha sucedido en Córdoba.

Además, desde USTEA venimos denunciando el incumplimiento generalizado del número máximo legal de alumnos y alumnas en las aulas andaluzas, habiéndose iniciado medidas legales contra este incumplimiento normativo por parte de la administración. En este sentido, estamos detectando casos en los que ya incluso se supera el 10% de incremento de ratio contemplado en la norma para incorporación tardía del alumnado, como consecuencia de que ese margen ya se ha utilizado en la planificación escolar, desde inicio de curso. La consejería sigue sin solucionar una situación tan flagrante como esta, que afecta a miles de alumnos y alumnas.

Otra de las señas de identidad de esta consejería es el ninguneo y la falta de talante negociador con las organizaciones sindicales. ¿Con qué objeto se convoca un espacio de negociación si no se tiene intención de negociar nada?.

Por todo ello, desde USTEA entendemos que la situación del cambio de responsable de la delegación de Granada no es la respuesta adecuada a los problemas que desde la propia consejería se generan. La utilización de una estrategia de cortina de humo para tapar las consecuencias de las propias políticas ante la movilización de la comunidad educativa no elimina esas políticas. Es preciso señalar a los verdaderos responsables de lo sucedido en la provincia de Granada, que son los mismos que ostenta también la responsabilidad sobre el resto de políticas contra la escuela pública. Saludamos a la nueva delegada de Granada, pero los cambios que necesitamos están por producirse.

En USTEA seguiremos luchando en defensa de la escuela pública y seguiremos apostando por construir la movilización y la unidad de acción con el resto de la comunidad educativa como forma de respuesta a las políticas de recortes y enemigas de lo público que, desde el gobierno andaluz, se quieren implementar.

Andalucía, 4 de febrero de 2020