Desde USTEA Enseñanza mostramos nuestra máxima preocupación tras conocerse la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que sanciona a la Junta de Andalucía por la cesión de información personal de 525.000 alumnos y alumnas menores de edad, 74.000 docentes y cerca de un millar de centros educativos a Microsoft.

Llevamos años advirtiendo de los riesgos que supone entregar la infraestructura digital de la educación pública a grandes multinacionales tecnológicas. La transformación digital de los centros no puede convertirse en una puerta abierta para la explotación de datos personales ni en una renuncia a la soberanía tecnológica de las administraciones públicas.

El alumnado, especialmente cuando se trata de menores de edad, tiene derecho a que su información personal esté protegida con las máximas garantías. Del mismo modo, el profesorado y los centros educativos no pueden verse sometidos a modelos de gestión tecnológica que prioricen la dependencia de empresas privadas frente al interés público.

La digitalización de la enseñanza debe responder a criterios pedagógicos, éticos y de protección de derechos fundamentales, no a la consolidación de modelos basados en el control de los datos por parte de las denominadas Big Tech.

Por ello, desde USTEA reclamamos:

• La depuración de responsabilidades por esta vulneración de la normativa de protección de datos.
• Transparencia sobre el alcance real de la cesión de información y las medidas adoptadas para evitar que vuelva a producirse.
• Una revisión profunda del modelo de digitalización educativa impulsado por la Junta de Andalucía.
• La apuesta decidida por soluciones basadas en software libre, estándares abiertos y tecnologías que garanticen la privacidad, la seguridad y la soberanía digital de la educación pública.

La educación pública no puede depender de intereses comerciales ni poner en riesgo un derecho fundamental como es la protección de los datos personales. Es el momento de abrir un debate serio sobre el modelo tecnológico que queremos para nuestros centros educativos, situando en el centro la defensa de los derechos del alumnado, del profesorado y del conjunto de la comunidad educativa.