USTEA denunciamos la supresión de otras 410 aulas en Andalucía en pleno periodo de matriculación

Desde USTEA denunciamos una nueva ofensiva contra la escuela pública andaluza: la supresión de otras 410 aulas coincidiendo con el periodo de matriculación. Estas eliminaciones afectan a las etapas de Infantil y Primaria y, por primera vez de forma significativa, se extienden también a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), agravando aún más la situación de nuestros centros educativos.

Este estudio anual que realizamos desde USTEA —a través de llamadas a centros y recogida de datos mediante formularios— se lleva a cabo precisamente en estas fechas, cuando los equipos directivos ya han recibido por parte de la Consejería la planificación de unidades para el próximo curso. Los datos evidencian una nueva pérdida de aulas que se suma a las 360 unidades eliminadas en el presente curso y a las 2.758 aulas suprimidas oficialmente según el BOJA desde la llegada del gobierno del PP a la Junta de Andalucía.

Entre los numerosos casos provinciales, destacamos el de Córdoba, donde la provincia pierde 20 clases en Primaria y 17 en Secundaria, lo que confirma que esta política de recortes se extiende ya claramente a la enseñanza secundaria.

Denunciamos que estas supresiones afectan exclusivamente a la educación pública, mientras que la enseñanza concertada continúa blindada mediante conciertos educativos renovados cada cuatro años. Asimismo, alertamos de la publicación de “0 plazas” en numerosos cursos, una práctica que limita gravemente la libertad de elección de las familias, reduce el empleo docente y deteriora la calidad educativa.

Los datos recogidos muestran que la Administración está aplicando una estrategia deliberada de reducción de la oferta pública, llegando incluso a bloquear nuevas matriculaciones en cursos intermedios —desde Infantil de 4 años hasta 6.º de Primaria— mediante la publicación de cero vacantes.

Esta política responde a una doble lógica: por un lado, mantener aulas ya saturadas en ratio máxima sin abrir nuevas unidades; por otro, impedir la incorporación de alumnado en grupos con baja matrícula para forzar la creación de aulas mixtas con varios niveles educativos.

Desde USTEA denunciamos que estas medidas tienen consecuencias muy graves:

• Limitan la libertad de elección de las familias, al impedir el acceso a centros públicos con aulas en funcionamiento.
• Reducen el empleo docente, al conllevar el cierre de unidades en la enseñanza pública.
• Deterioran la calidad educativa, con aulas masificadas o agrupamientos que dificultan la atención al alumnado, especialmente al más vulnerable.
• Forman parte de una estrategia de debilitamiento de la escuela pública orientada al cierre progresivo de unidades y centros.
• Impulsan una privatización encubierta del sistema educativo, al no aplicarse estas restricciones en la enseñanza concertada.

Recordamos que esta política contradice la normativa vigente. La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020), en su artículo 109, establece la obligación de las administraciones educativas de garantizar una oferta suficiente de plazas públicas y promover su incremento progresivo.

Por todo ello, desde USTEA exigimos a la Junta de Andalucía una planificación educativa que refuerce la escuela pública, garantice el derecho real de las familias a elegir centro y asegure una educación de calidad para todo el alumnado andaluz.