Desde USTEA-Educación denunciamos la situación insostenible generada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con la convocatoria del Programa de Competencia Comunicativa en Enseñanza Bilingüe. Como ya denunciamos en Mesa Sectorial, esta nueva Resolución, que sustituye al desmantelado programa de auxiliares de conversación, constituye una respuesta improvisada, insuficiente y un retroceso pedagógico que no cuenta con la fundamentación adecuada en los objetivos del bilingüismo. La sustitución del apoyo en el aula por actividades extraescolares en horario de tarde vulnera principios de igualdad de acceso en contextos con alumnado vulnerable, con familias sin posibilidad de conciliación o que dependen del transporte escolar. Las modalidades de intercambios y estancias son imposibles de aplicar con plazos tan cortos y con una financiación insuficiente. Asimismo, las nuevas medidas dejan en el olvido a las Escuelas Oficiales de Idiomas, que sí estaban incluidas en el anterior programa. Por estos motivos, desde USTEA exigimos la restitución inmediata del programa de auxiliares de conversación en condiciones adecuadas, la regularización de la situación del personal que ejercía estas funciones y una planificación seria, en lugar de improvisaciones que generan desigualdad entre centros y sobrecarga burocrática.

Lo que debería haber sido una medida coherente y planificada se ha transformado en un proceso marcado por la improvisación, la falta de claridad y una carga de trabajo excesiva para las comunidades educativas y, muy especialmente, para las coordinaciones bilingües, que ya soportan una responsabilidad significativa sin los recursos necesarios. La convocatoria llega tarde y de forma desigual a las provincias, sin reuniones informativas homogéneas y con explicaciones que se contradicen con frecuencia. Muchos centros indican que la información verbal ofrecida por los servicios provinciales no coincide con lo que aparece en la resolución oficial, generando inseguridad y un clima continuo de confusión e incertidumbre.

La dotación económica asignada tampoco responde a las necesidades reales. La pérdida de auxiliares no ha sido compensada de forma adecuada y los importes se han calculado únicamente en función del número de líneas o del alumnado, sin tener en cuenta la complejidad pedagógica de cada centro, su carácter bilingüe o plurilingüe ni la carga adicional derivada de atender a contextos más desfavorecidos. Esta fórmula perjudica especialmente a los centros rurales y de menor tamaño, que reciben cantidades que impiden desarrollar actividades de impacto, mientras en centros con mayores necesidades lingüísticas la compensación queda igualmente lejos de lo que se invertía en personal auxiliar.

Las restricciones incluidas en la convocatoria dificultan de manera significativa su aplicación. Los límites económicos establecidos impiden organizar actividades ajustadas a la diversidad de etapas educativas presentes en muchos centros. La prohibición de complementar la financiación con aportaciones externas reduce aún más las opciones educativas disponibles. La imposibilidad de destinar parte del presupuesto al transporte afecta especialmente a los centros que necesitan desplazarse para participar en actividades culturales. Además, la obligación de incluir al conjunto del alumnado del programa complica la organización cuando conviven edades y etapas muy diferentes. Estas limitaciones, unidas a las barreras de acceso a modalidades más completas, reducen la capacidad de los centros para impulsar propuestas pedagógicas coherentes con su realidad.

A estas dificultades se suma la externalización del trabajo hacia empresas privadas. La Junta traslada a los centros la responsabilidad de contactar con proveedores, solicitar y comparar presupuestos, justificar documentalmente cada decisión, coordinar la logística y adaptarse a la disponibilidad de las entidades externas. Esto implica que fondos públicos destinados a la mejora lingüística dependan de la oferta empresarial existente en cada zona, incrementando las desigualdades territoriales y perjudicando especialmente a las áreas rurales.

La carga laboral añadida para los centros está siendo enorme. Las coordinaciones bilingües, los equipos directivos y el conjunto del personal docente implicado deben gestionar en tiempo récord solicitudes, memorias y trámites administrativos sin instrucciones claras ni apoyo adicional. Esta situación genera un desgaste que repercute directamente en la calidad del acompañamiento educativo al alumnado.

Desde USTEA Educación exigimos la restitución del programa de auxiliares de conversación con condiciones adecuadas para el curso que viene y una planificación seria, recursos reales y un respeto profundo hacia el trabajo del conjunto de sus profesionales, no improvisaciones que generan desigualdad y sobrecarga.